Cuando el mar estaba en calma, llegó Gallardón. Y con él, por motivos ideológicos y partidistas, la minoritaria voz del nacionalcatolicismo emerge con fuerza hasta alborotar la pacífica posesión de la “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” del 2010. En buena sintonía con los Derechos Humanos y las últimas adquisiciones de las ciencias antropobiológicas, esta ley nos sitúa ética y jurídicamente entre los países modernos de nuestro entorno sociocultural. Es consecuencia de las recomendaciones de organismos internacionales tales como la ONU, la OMS y el Parlamento de Europa sobre “salud reproductiva y eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (cfr. María Duran i Febrer, en Éxodo 98, abril de 2009).
Crear un problema social, –con el 83% de la ciudadanía en contra de la anunciada reforma– en estas circunstancias, es una temeridad y una torpeza política de primera magnitud. ¿Se trata de un capricho personal, de sometimiento político a una ideología religiosa, de una cortina de humo para encubrir problemas más graves? Remover las aguas en un tema tan delicado nos parece un juego tan peligroso que nos autoriza a preguntar –como a otro propósito hiciera Fray Antonio de Montesinos– ¿“con qué derecho” se puede jugar políticamente con la sensibilidad de las personas poniendo en peligro la paz social?
Ni el programa de elecciones 2011 del PP, ni las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006 exigen una reforma de la Ley como se anuncia. Para nada se habla allí de “malformación del feto” sino de garantizar el derecho a la vida de las personas discapacitadas “en igualdad de condiciones con los demás” (art. 10 y 25). Desde el momento de la concepción hasta la “suficiencia autónoma” del feto existe un proceso –mucho más amplio en casos de malformación–, estudiado por la ciencia e ignorado por el Ministro, del que depende su estatuto ético y jurídico. Ignorarlo voluntariamente es caer en un fideísmo oscurantista que en nada ni a nadie beneficia.
Desde Redes Cristianas pensamos que no se puede hacer política partidista a cualquier precio y, mucho menos con un tema que, como este, afecta vitalmente a la sociedad. Ya está suficientemente devaluada la acción política como para cargarla con nuevas torpezas y prepotentes desatinos. Más que de una nueva regulación regresiva, lo que está necesitando la sociedad en este tema es una mejor educación en la salud sexual y reproductiva y unas políticas eficaces de apoyo a las personas discapacitadas y a sus familias. A nadie se puede obligar a llevar una vida heroica, aunque esta sea siempre admirable. Por eso pensamos que es más inteligente y eficaz el acompañamiento y la compasión con las personas que se ven en situaciones de gran dificultad y sufrimiento que la penalización de prácticas que se ponen gratuitamente fuera de la ley.
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