¡Sin derechos! ¡De nuevo en el Código Penal! Yolanda Díaz Serra

 

En efecto, el actual Gobierno de España, pretende retrotraernos a aquellos años en los que se viajaba a otros países europeos para abortar, en especial a Londres y en los que las mujeres tenían que pedir permiso para todo. Tiempos que creíamos ya pasados.

Este Gobierno quiere truncar la evolución de la sociedad e imponer su doctrina. Quiere cercenar derechos consolidados que la propia Constitución y las modificaciones legislativas posteriores dieron por buenas. La Ley Orgánica  9/1985, aprobada el 5 de julio, ley que despenalizó algunos supuestos: en caso de violación; que fuera necesario evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, sin límite en las semanas de gestación; que el feto pudiera nacer con graves taras físicas o psíquicas, con algunos condicionantes. Esta Ley fue un avance  que pronto se vio insuficiente.
El 3 de marzo de 2010 se promulgó la ley actual que entró en vigor el 5 de julio de 2010, con la denominación de Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que vino a solucionar las insuficiencias detectadas. Algunos de los puntos fuertes a destacar son que tiene un gran contenido preventivo, marca un plazo de aborto libre para todas las mujeres mayores de 16 años hasta las 14 semanas de embarazo. También se pueden practicar abortos a partir de las 22 semanas, sólo si se descubren anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable del feto. Como en la antigua ley del aborto, también, se podrá interrumpir el embarazo hasta la semana 22 cuando exista riesgo para la salud física o psíquica de la madre. En definitiva, se pasa de una ley de supuestos a una de plazos, equiparándonos con la gran mayoría de países de nuestro entorno. Y lo más importante es que la ley vigente ubica esta cuestión en la salud sexual y reproductiva. Es decir, estamos hablando de derechos y de garantías.
Ahora nos encontramos con una amenaza de cambio anunciada por el Gobierno del Partido Popular por boca del Ministro de Justicia, Luis Gallardón, en vez de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a la que, por lo visto, le han retirado su competencia en salud sexual y reproductiva de un plumazo, contradiciendo la propia web de su Ministerio en donde sigue apareciendo información en el apartado “profesionales-salud pública-prevención y promoción”. La conclusión a la que podemos llegar por esta retirada de competencias de facto es que, de nuevo, se quiere llevar a las mujeres y a las personas profesionales dentro del Código penal. No hay otra.
A esta gravísima involución, habría que añadir las políticas laborales, sociales y de igualdad y, en definitiva, de desmantelamiento del tejido social y productivo, que afectan en mayor medida a las mujeres. Las diferencias entre mujeres y hombres en las tasas de actividad, ocupación temporalidad, precariedad, la desigualdad salarial, la formación profesional y la promoción siguen poniendo de manifiesto que aún persisten graves disparidades entre el empleo de las mujeres y el empleo de los hombres. Asimismo, los efectos negativos de la última reforma laboral aumentan las dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral y siguen recayendo de manera principal  sobre las mujeres, restándoles oportunidades para su participación igualitaria en el trabajo.
Todo esto no es casualidad, es fruto de una concepción machista y paternalista que el Partido Popular tiene de nuestra sociedad y supone un ataque directo a los derechos fundamentales de las mujeres, en el que intenta imponer modelos caducos en blanco y negro. Sí, esos que creíamos ya desaparecidos.

Fdo.- Yolanda Díaz Serra, Secretaria para la Igualdad y Juventud UGT-PV- L’Alacantí.

Fuente: UGT-PV

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