Proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con discapacidad modificada judicialmente en la IVE (Número de expediente 122/000195)

— PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 122/000195).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al último punto del orden del día: Debate de totalidad de la proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. A esta proposición de ley orgánica se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad del texto alternativo. Para la defensa de las mismas, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández. El Grupo Mixto intervendrá tanto para defender sus dos enmiendas a la totalidad del texto alternativo como para fijar posición. Empieza la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para defender nuestro texto alternativo a esta proposición de ley presentada por el Grupo Popular, que no es otra que la vigente Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en sus términos actuales, como acabo de comentar. Lo hacemos, señorías, por una razón, porque somos perfectamente conscientes de que esta fue una ley no solamente elaborada y aprobada desde la total y absoluta responsabilidad, sino también tremendamente reflexionada en el transcurso del trabajo en ponencia. No tiene nada que ver aquella con estas ponencias a las que estamos acostumbrados en esta legislatura, que duran de diez minutos; no, fueron ponencias de muchas semanas. Pero incluso, señorías, fue objeto de mucha reflexión para aquellas personas que, como es el caso de la diputada que está en el uso de la palabra, participamos en la Comisión de estudio sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que se celebró en las Cortes Generales, en el Congreso concretamente, entre el 30 de octubre de 2008 y el 25 de febrero de 2009; una comisión de estudio en la que participaron numerosísimas personas: desde representantes de la comunidad científica a representantes de diferentes ámbitos del mundo jurídico: fiscales, jueces, abogados; desde los ámbitos de la salud a la educación; desde el trabajo social a representantes de ONG, etcétera.
Y, señorías, si bien es cierto que por parte de algunas de las personas que participaron en esta comisión también se plantearon propuestas como las que nos hace hoy el Grupo Popular, también es cierto que fueron unas propuestas hechas muy minoritariamente, siendo la conclusión mayoritaria, no de las diputadas y diputados de este Congreso que aprobamos ese informe de la comisión de estudio, sino la conclusión de la mayoría de los participantes que era necesario responder a una demanda social que existía desde hacía muchísimos años, después de la comprobación de la marcha de la Ley del Aborto anterior, y que obligaba al legislador, a los legisladores y a las legisladoras, a aprobar una ley que garantizara por lo menos tres cuestiones: la seguridad jurídica, la seguridad sanitaria y las medidas de prevención necesarias que permitieran la reducción de abortos. Y eso, señorías, fue lo que tuvimos en cuenta a la hora de elaborar esta ley que hoy presentamos como texto alternativo a la propuesta del Partido Popular y que después de los años que está en vigor hemos comprobado que las mujeres que tienen que interrumpir un embarazo cuentan con la seguridad sanitaria, cuentan con la seguridad jurídica y que se ha conseguido también reducir el número de abortos, porque las medidas de prevención que en la propia ley se contemplan van destinadas a evitar embarazos no deseados.

Señorías, somos conscientes de que además este objetivo de reducir los abortos es muy difícil que se haga en los términos que nosotros nos planteábamos por una razón fundamental, y es que la ley no está lo suficientemente desarrollada en estos aspectos, el educativo y el de la salud, para estas prevenciones. Por lo tanto, señorías, nosotros consideramos desde el Bloque Nacionalista Galego que la ley es buena y lo que necesita, además de mejoras que evidentemente nos plantearíamos en el futuro, lo que necesita en el momento actual es desarrollarse, sobre todo en esos aspectos que incidirían en la prevención, en la reducción de abortos. Y dicho esto, señorías, aprovecho para recordar que en su momento, en el momento de la aprobación de este texto, el Partido Popular también se justificó en la misma razón que hoy nos propone de modificación de la ley para no votarla favorablemente, una justificación que era a todas luces una cuestión que no tenía que ver con la realidad, eran realmente falsos los argumentos que se daban porque la ley en el artículo 13, apartado 4, ya deja perfectamente especificadas las cautelas a tener en cuenta con las mujeres jóvenes de dieciséis y diecisiete años, y los estudios que hay a este respecto nos indican, señorías, que menos del 10 % de mujeres en esta franja de edad han acudido a abortar sin la presencia de sus padres y en todos los casos, como ya hemos dicho en alguna ocasión,…

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Fernández, tiene que terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Voy finalizando, señora presidenta.

… como hemos dicho en alguna ocasión, estaba debidamente justificada, por violencia familiar, por desarraigo, etcétera. Por lo tanto, no podemos entender que desde la seriedad, desde la reflexión y desde la responsabilidad se pueda hacer una propuesta como esta que dejaría a muchas jóvenes sin la seguridad necesaria para interrumpir un embarazo.

Señorías, creemos —y finalizo, señora presidenta— que el Partido Popular, el Grupo Popular opta por salvar electoralmente a su partido, aunque no creo que sea posible con estas medidas…

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Fernández, tiene que terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: … y nosotros optamos, señoras y señores diputados, por salvar a muchas jóvenes que se verían abocadas a provocarse un aborto, a una intervención del embarazo en la clandestinidad, sin las seguridades sanitarias necesarias y, por lo tanto, con la peligrosidad que esto significaría para sus vidas.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Fernández, se le ha terminado el tiempo.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Queremos manifestar nuestro rotundo y total desacuerdo con la propuesta del Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Fernández.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Partido Popular pretende robar el derecho a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años a decidir sobre su propia maternidad y dar capacidad al padre y a la madre de imponerle una maternidad no deseada, y encima tienen la caradura de hablar de protección al menor. La mejor protección que pueden tener la menor y el hijo o hija que pueda concebir es que la maternidad sea voluntaria y evidentemente no sea impuesta. En consecuencia, defendemos su libertad para decidir sobre una maternidad que sin duda marcará toda su vida y la del hijo o la hija que pudiera tener, y nos oponemos absolutamente a la voluntad del Partido Popular de arrebatarles este derecho; lo subrayo, derecho. Si pretenden evitar los abortos, la mejor manera de hacerlo no es negando derechos, sino mediante una buena educación afectiva, una buena educación sexual y reproductiva y garantizando a la vez el acceso universal a todos los métodos anticonceptivos. En este sentido, reivindicamos la gratuidad de los métodos anticonceptivos para la juventud y los colectivos con escasos recursos para acceder a ellos. Simplificando mucho —para que algunas mentes retrógradas lo entiendan— el mensaje es: queremos condones para todas y para todos, por supuesto —insistimos en ello— acompañados de una buena educación afectiva, sexual y reproductiva, que necesariamente se imparta en las escuelas e institutos y que permita a las jóvenes y a los jóvenes ser libres para decidir y ejercer libremente aquello que les apetezca hacer con su cuerpo, señorías, con su cuerpo, ya sea individual o colectivamente. Una buena educación que permita desterrar concepciones retrógradas, como aquellas que censuraron y crucificaron a la conseller de la Generalitat, Marina Geli, por defender la libertad sexual y pretender educar en libertad.

Enterremos de una vez por todas el nacionalcatolicismo, este nacionalcatolicismo franquista y la censura y los tabúes para hablar sencilla y libremente de masturbación, de cómo se coloca adecuadamente un condón, de la variedad y diversidad sexual y afectiva o de los métodos de contraconcepción. Por otro lado, hay que romper con la obsesión de la penetración o del mito de cumplir en la cama. Es necesario impulsar la educación y subrayar el poder de las caricias, el poder de la confianza, del diálogo para una relación afectiva y sexual satisfactoria y evidentemente saludable para quienes la practican libremente. Una buena educación en salud afectiva, sexual y reproductiva no solo haría una sociedad más libre y evidentemente más feliz, sino que además ayudaría a evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos justamente no deseados. En consecuencia, se reduciría también el gasto en enfermedades por contagio sexual y la necesidad de interrumpir dichos embarazos.

Pero cuando la prevención fracasa, señorías, es necesario que las mujeres puedan decidir libremente sobre su maternidad. La Ley de interrupción voluntaria del embarazo que aprobamos las fuerzas progresistas en esta Cámara en el año 2010 supuso un avance importante en los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y es un avance que además ha permitido un descenso de las interrupciones voluntarias del embarazo entre la población más joven. No obstante, consideramos que se puede modificar esta ley para avanzar en el desarrollo de los derechos, por ejemplo eliminando el plazo para la interrupción del embarazo en los casos de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, por supuesto vinculado, como establece la ley, al preceptivo informe médico.

Voy acabando. Como ya defendimos en la tramitación de la ley, consideramos que hay que avanzar ampliando el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo hasta las veintidós semanas. Alguien se preguntará: ¿Y por qué veintidós semanas? Pues porque es el plazo en el que existe consenso entre la comunidad científica sobre la viabilidad fetal. Ampliar el plazo de las catorce a las veintidós semanas, más allá de basarse en el consenso científico, permitiría, especialmente en el caso de las menores, evaluar mejor la capacidad de mantener a la criatura y la propia voluntad para decidir sobre una maternidad que implica una gran responsabilidad y que marcará para siempre la propia vida. Señorías, les guste o no les guste a su machismo, solo las mujeres deben decidir sobre su propio cuerpo.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Jordà.Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, he dado mi opinión y la de mi partido sobre este tema en numerosas ocasiones y, por tanto, no voy a reproducir hoy nuestros argumentos para criticar tanto la reforma del Partido Socialista como esta modificación tan limitada que impulsa el Partido Popular. Obviamente, no voy a apoyar las enmiendas de devolución con texto alternativo para recuperar íntegramente la ley de Zapatero, que seguimos considerando inconstitucional, ni mucho menos para que se pueda aprobar una regulación todavía más gravosa, como pretende ERC, retrasando el plazo para abortar de catorce a veintidós semanas. Pero sí que nos parece oportuno abrir un debate con el fin de saber las soluciones y los planteamientos de cada grupo y sus propuestas para prevenir de manera más eficaz los embarazos no deseados, para reducir la cifra de abortos, para promover una cultura en defensa de la vida; en definitiva, para saber cuál es su idea, la de cada uno de ustedes, la de sus partidos, de un Estado del bienestar en el siglo XXI que quiera ser digno de denominarse así.

En esta materia, señorías, mi partido sigue defendiendo lo mismo. Primero, que el no nacido es un ser humano igual que lo fuimos cualquiera de nosotros. Segundo, que el acto de abortar no es simplemente una intervención estética. Y, tercero, que queremos que el Estado regule de una manera más equilibrada las posiciones jurídicas de las madres que se plantean dejar de serlo, por un lado, y de los no nacidos que, ante esa difícil, compleja decisión, pueden morir. Defender al ser más desprotegido de la naturaleza, al más indefenso, nos parece, señorías, lo más progresista que hoy se puede ser.

Termino, señora presidenta, con una petición. En julio de 2010 el Tribunal Constitucional dictó un auto que resolvía la petición de 71 diputados de esta Cámara de suspender la vigencia de varios artículos de la Ley 2/2010, del Aborto, incluida en el recurso de inconstitucionalidad que presentaron el día 1 de junio de 2010. No tengo tiempo para valorar las razones jurídicas de aquella denegación, pero debo recordar algo que también dejó dicho el Tribunal Constitucional en ese auto —abro comillas—: Por último, atendiendo a lo interesado en la demanda y a lo alegado por el abogado del Estado, este Tribunal Constitucional dará carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso.

Señorías, desconozco las razones, los motivos, entiendo la complejidad, que imagino es máxima en este recurso, y no seré yo quien interprete al interpretador de la constitucionalidad de las leyes, pero sí que les pido, señorías, desde esta tribuna, con total humildad y respeto, que tomen ya una decisión. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Salvador.
Señor Baldoví, tiene la palabra.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Sabiendo de antemano que no voy a suscitar tantas simpatías en el Grupo Popular, empiezo.

Señorías, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de las mujeres, de la protección a las mujeres menores o hablamos de votos? Ustedes deberían no ser hipócritas y reconocer que, cada vez que se suscita este tema aquí, hablamos de votos; de votos perdidos por el PP; insisto, del leñazo que se pegaron el día 24, aunque Rita Barberá lo describió con otro sustantivo. Por eso, después de marear toda la legislatura, acaban presentando esto hoy aquí.

En 2014, solo en los primeros nueve meses, 25.324 mujeres interrumpieron su embarazo. De esas más 25.324, solo acudieron a abortar sin el consentimiento de sus padres 113. Es decir un exiguo 0,44 % del total. Pero ese pequeño grupo de mujeres constituye un subgrupo de altísimo riesgo, de mayor necesidad de protección por la ley, porque precisamente se trata de aquellas mujeres que no pueden acudir a pedir ayuda, consuelo y apoyo a sus padres y se ven obligadas a realizar este drama personal en solitario. La consecuencia de su ley es condenarlas a un aborto clandestino e ilegal, con los graves riesgos para su vida que eso puede conllevar. Y esto, ¿con qué fin? Con un fin tan sucio como recuperar los votos perdidos del sector antiabortista.

Van a poner en riesgo la vida de mujeres menores de edad a cambio de un puñado de votos. Una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo lo hará con su consentimiento o sin su consentimiento; encontrará la manera y esta, desgraciadamente, le puede costar la vida. Es absurdo que si una joven de dieciséis años puede decidir si se casa, si se liga las trompas, si tiene un hijo o si se emancipa, se la pueda obligar contra su criterio y decisión a ser madre de por vida. Y todo ello —insisto— para que el PP no pierda tantos votos. Si realmente actuaran contra la corrupción de su partido, si se dedicaran a hacer limpieza interna, si colaboraran con la justicia, sería una manera muchísimo más efectiva y justa que recuperar sus votos perdidos. Mucho más justa que hacerlo a costa del sufrimiento de mujeres menores, que no pueden siquiera lograr el apoyo de sus padres en un trance tan duro como tener que interrumpir un embarazo.

Sinceramente, y acabo, esta es una reforma desalmada, cruel e innecesaria, digna de un Gobierno sin alma como el suyo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Baldoví.
Señora Enbeita, tiene la palabra.

La señora EMBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, de la mano de los directores de «puede que el aborto tenga que ver con ETA pero no demasiado», llega ahora «puede que no podamos quitar de un porrazo todos los derechos a las mujeres, así que vamos a hacerlo poco a poco». En ese afán, el Grupo Parlamentario Popular nos trae una proposición de ley que dice que viene a reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Reforzar la protección, señorías. ¿Me puede alguien explicar en qué punto de esta ley hay algo que tenga que ver con la protección de las menores? Esta ley dejará en manos de alguien una decisión tan personal como interrumpir un embarazo. Reivindíquenme que si una madre tal o un padre cual; pero ellas hicieron su vida, y una joven de dieciséis o diecisiete años tiene derecho a construir la suya.

Señorías, ¿qué pasará cuando uno de los dos progenitores diga que sí y el otro que no? ¿No posibilita esta ley utilizar los derechos de las jóvenes como moneda de cambio en un divorcio? ¿Han pensado lo que puede pasar en hogares donde las violaciones están dentro de las paredes de casa o donde el maltrato hacia las mujeres es una realidad? ¿Qué pasará cuando los padres de una menor sean religiosos, con todo su derecho y todos los respetos, y una menor no comparta —no tiene por qué— sus criterios éticos o morales? ¿Qué pasará en esos casos? Señorías, cuando hablan del Código Civil en su proposición de ley se contradicen, porque según el Código Civil casarse con dieciséis años o tener hijos es legal, o por lo menos no hay una ley que obligue a nadie a tener un permiso para poder parir a los dieciséis o diecisiete. Entonces ¿por qué obligamos a conseguir uno para no parir?

Dicen que la ley vigente impide a los progenitores y tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a los menores de la protección que el mismo texto legislativo reconoce de poder contar en un momento crucial y complicado de su vida con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad. Vamos a ver, ¿cuál es la ley que impide esa obligación a los tutores, o los padres, o a quienes sea? La ley solo dice que a partir de los 16 años cualquier mujer es lo suficientemente madura para decidir qué hacer con su embarazo. Eso no significa que no compartan o que se les prohíba tomar parte en esa decisión a sus padres, a sus tutores o a sus confesores. Ustedes saben mejor que nadie que en la mayoría de los casos así sucede. Las menores cuando quieren abortar acuden a las clínicas con el permiso y en la mayoría de los casos en compañía de sus padres o tutores. Para obligaciones, las suyas, señorías del PP. Ustedes sí que prohíben a las jóvenes poder ejercer un derecho como es decidir sobre su cuerpo, en caso de que en su casa no haya nadie que las quiera acompañar en un momento crucial y complicado, como ustedes describen. No es cierto que la ley vigente obligue a nadie a no acudir con su hija o con su tutelada en una situación así, lo que es cierto es que ahora con su nueva ley las que quieran pasar del tema tienen suficiente con no firmar el permiso y allá la joven con su bulto. ¡Cuánta hipocresía, señorías!

Parece que ustedes o UPN pretenden que todos los niños concebidos nazcan y así en papel es una intención muy bucólica y muy bonita, pero la realidad nos pinta cosas mucho más crueles que sus leyes y recortes provocan en los niños cuando ya han nacido. Esto sin tener en cuenta todo lo que han hecho con cientos de niños y niñas vuestros amigos, obispos y demás, que ahora van de vuestra mano reivindicando no sé qué moral. En serio, lo hemos dicho por activa, por pasiva e incluso por perifrástica. No queremos que nos protejan, queremos ser libres; libres de morales falsas, libres de estereotipos de mujeres ideales, libres de maternidades impuestas, libres de que nos conviertan en incubadoras, libres de religiones que no nos consideran ni siquiera personas, libres de sociedades patriarcales, libres de políticas machistas, libres de sus absurdas leyes que nos reprimen nuestros derechos y libres para educar a nuestras hijas en una educación sexual, natural y diversa. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señorías del Partido Popular, el pasado 14 de abril mi grupo ya les presentó en la práctica una enmienda a la totalidad pidiéndoles la retirada de la proposición de ley, con la que ustedes se empeñan en socavar y cercenar los derechos de las jóvenes más vulnerables para acceder a un aborto legal y seguro. Hoy se lo exigimos una vez más a través de este texto alternativo y lo hacemos con el claro objetivo de que de verdad se garanticen los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo de manera libre y responsable, para evitar que al arbitrio de medidas claramente ideológicas y electoralistas el Gobierno del Partido Popular ponga en peligro la salud y la vida de las mujeres menores o con capacidad judicial modificada. Con nuestra alternativa proponemos, por tanto, garantizar el derecho a decidir de las mujeres, a decidir si quieren o no tener hijos, cuántos y cuándo quieren tenerlos, libres de presiones, discriminaciones y de violencia y garantizar de manera efectiva el derecho de tener una vida sexual y reproductiva plena y saludable.

Como habrán podido comprobar, señoras y señores diputados, les estamos exigiendo que cumplan con algo que, mal que les pese a los sectores más reaccionarios que ustedes, señores del Partido Popular, defienden, es un derecho imprescindible para la consecución de otros derechos humanos de las mujeres, derechos reconocidos a nivel europeo e internacional en muchos tratados y recomendaciones que han sido ratificados y aprobados por el Estado español en todos los casos. Derechos que, en definitiva, el Partido Popular, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta, ha pretendido mutilar una y otra vez de manera constante en esta legislatura por puro interés electoralista y con un marcado sesgo religioso y ultraconservador.

Porque si ciertamente no fueran estas las razones que motivan al Partido Popular para realizar estas reformas de la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, y por el contrario se quisiera realmente proteger y apoyar a las mujeres menores y más vulnerables ante la difícil decisión del ejercicio de la maternidad, no nos cabe ninguna duda de que por lo menos se hubiera dotado de los informes jurídicos, sanitarios y sociales que avalaran una medida de este calado. Informes que, por el contrario, han eludido de manera tramposa y a sabiendas de que dejarían en evidencia y sin argumentos sólidos sus verdaderas intenciones. Es más, se empeñan en negar este extremo y dicen que sí han utilizado informes, aquellos que en su día sirvieron para la elaboración del texto normativo aprobado en 2010 sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que, según su lectura, obligaban a las mujeres de dieciséis y diecisiete años a informar y obtener el consentimiento obligatorio de los padres para poder acceder al aborto.

La práctica —si hubiera sido así, señorías del Partido Popular— ha dejado en evidencia la validez de esos informes, porque hoy la mayoría de las jóvenes —ya se ha dicho y hay que volverlo a repetir— acuden a las clínicas para interrumpir su embarazo con la ayuda y el apoyo de sus progenitores, y solo evitan el consentimiento informado aquellas que se encuentran de manera demostrada en una grave situación de riesgo por maltrato, abuso sexual o situación de desarraigo familiar, precisamente las jóvenes más vulnerables, a las que la ley vigente protege de manera especial con la excepción contemplada en el artículo 13 que ahora el Partido Popular pretende eliminar.

Si realmente quisieran reforzar la protección de las jóvenes en un momento determinante de sus vidas, y ante la complicada y costosa decisión de decidir si quieren ser madres o no ante un embarazo no deseado, deberían atender y tener en cuenta las propuestas alternativas que hoy les presentamos, no solo La Izquierda Plural, sino también el resto de los grupos de la oposición. Señorías, son propuestas encaminadas a mantener la ley vigente al entender que el texto ha servido para proteger el derecho a decidir de las mujeres, también de las menores, instándoles además en nuestro caso a desarrollar de manera eficaz las políticas de salud sexual y reproductivas basadas en la educación en la prevención de embarazos no deseados. Propuestas que tienen como objetivo paliar las insuficiencias detectadas en los últimos cinco años de implementación de la ley vigente y que se han demostrado y constatado como el mejor instrumento para reducir el número de abortos.

Señoras y señores diputados, el Partido Popular ha intentado una y otra vez atropellar los derechos de las mujeres, como he dicho antes, durante toda la legislatura. Se llaman a sí mismos liberales, dicen defender la libertad individual de las personas, pero luego promueven leyes que invaden hasta lo más íntimo del ser humano. Ustedes no son nadie para regular el útero de ninguna mujer; no son nadie para decirle a una mujer si debe tener o no debe tener un hijo que no desea; no son nadie para condicionar la existencia de las personas; a ustedes no les han votado para coartar la libertad de los ciudadanos y especialmente la de las mujeres, sino para que ejerzan el gobierno de su mandato defendiendo y garantizando sus derechos. Lo más grave de esa actitud que acabo de mencionar es que, además, están intentando cometer este atropello basándose en mentiras y en datos falsos para intentar ocultar esta vileza. Estamos más que hartas —se lo tenemos que decir—, hartas, de escuchar a los voceros de la derecha más extrema contando mentiras, exageraciones y falsedades acerca de cómo afrontan nuestras jóvenes un momento tan crítico en sus vidas como es la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. La práctica demuestra que ni las jóvenes se han tomado el aborto como un método anticonceptivo más, ni mayoritariamente han ido solas a abortar a las clínicas privadas autorizadas, sino que prácticamente la totalidad han ido acompañadas por sus progenitores. Solo, y por desgracia, un número muy limitado de jóvenes se ven privadas de esta ayuda por encontrarse en esa situación que ya he dicho, grave, muy grave, por maltrato, por abuso sexual o por desarraigo familiar.
Su manía de intervenir en la esfera de lo privado, de lo íntimo, es absolutamente inaceptable y contumaz. Las mujeres de este país le han demostrado a este Gobierno que no toleran que nadie mande sobre su cuerpo, que no van a permitir que ninguna institución, tenga el carácter que tenga, decida por ellas y su cuerpo. La movilización de las mujeres pudo parar sus intentos de aprobar una ley que acababa con sus derechos de acceso a un aborto legal y seguro en la práctica y se llevó por delante a un ministro, al señor Gallardón, un ministro que pretendía legislar mirando hacia la derecha más reaccionaria. Vivimos en el siglo XXI. Han sido muchos los avances y conquistas que hemos alcanzado. Nadie nos ha regalado nada a las mujeres. Han sido muchos años de lucha, de movilizaciones, concentraciones, manifestaciones y peleas por nuestros derechos, mucho esfuerzo como para que ahora nos pidan que demos un paso atrás, que volvamos a ceder parte de nuestra libertad. No se lo vamos a consentir y no lo vamos a hacer.

Señorías del Partido Popular, déjenme que antes de finalizar mi intervención les haga una advertencia poniendo en mis labios las palabras de Concepción Arenal cuando decía que el error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que la emplea. Esta misma frase me la escuchó el señor Ruiz-Gallardón y pudo comprobar su veracidad en sus carnes políticas. Si persisten en mantener esta medida en contra de las mujeres más jóvenes y vulnerables, sin escuchar las propuestas de la mayoría de los grupos de la oposición y de la sociedad en su mayoría, se encontrarán con que no solo no lograrán el objetivo de conseguir un puñado de votos más, sino que no durarán más allá de lo que tardemos en echarles democráticamente en las urnas.
Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Montón.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señorías, la salud y la vida de las mujeres vale mucho más que un puñado de votos. La mayoría social lo ha dicho continuamente: no, que no modifiquen la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy el Grupo Socialista vuelve a decirlo: no. La actual Ley del Aborto es una buena ley, una ley aprobada con consenso —pocas leyes han tenido una tramitación tan participativa y transparente—, una ley que cumple con el objetivo, con la obligación de proteger la vida y la salud de las mujeres, también de las jóvenes, respetando su derecho a decidir sobre su maternidad. Pero el PP no quiere renunciar a este cebo electoralista, que blande sin pudor ante cada convocatoria electoral. Ahora, con una legislatura ya agotada, continúan insistiendo; ahora asestan un último golpe a los derechos de las mujeres.

Rajoy está practicando la política de la tierra quemada, demoliendo los avances conseguidos con los Gobiernos socialistas en políticas de igualdad de género. Esta es la legislatura de la desigualdad, la legislatura que recordaremos por los recortes y retrocesos en igualdad entre mujeres y hombres. La proposición de ley de hoy es tan vergonzosa que no ha habido ningún ministro que haya querido defenderla. Ha tenido que ser el Grupo Parlamentario Popular quien la traiga a esta Cámara por la puerta de atrás, también para eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Una vez más preparan la campaña electoral amenazando los derechos de las mujeres, pero el principio de igualdad, los derechos de ciudadanía, la capacidad de decidir libremente sobre aspectos esenciales, fundamentales para la vida, los derechos sexuales y reproductivos, no son de quita y pon según les vaya en las encuestas. Señorías del PP, nuestros derechos de ciudadanía no son mercancía electoral, no se puede traficar con ellos.

Ya sabemos que se acercan las generales. Hace apenas un par de días el ministro Catalá aseguró que la aprobación de esta ley será para septiembre. Muy oportuna, para la precampaña, como siempre. ¿Realmente creen que la ciudadanía no se da cuenta de una estrategia tan burda y tan descarada? Desde que llegaron al Gobierno han tanteado la posibilidad de modificar la Ley del Aborto en vigor y lo han hecho con principios cambiantes, sin rigor, sin profundidad, diciendo una cosa y la contraria, han ido moviendo sus posturas a golpe de su propia necesidad electoral. Llevan toda la legislatura jugando con la amenaza a los derechos sexuales y reproductivos poniendo en tensión los deseos de la mayoría social que defiende que sean las mujeres quienes decidan sobre su maternidad, frente a una minoría que pretende que se nos arrebate ese derecho. Comenzaron con Gallardón presentando la modificación de la ley como una cuestión de moral y principios al dictado de la Conferencia Episcopal. Querían repartir a las mujeres —¿recuerdan?— certificados de autenticidad, porque, según Gallardón, lo que nos hacía realmente auténticas era la maternidad. Quisieron que España retrocediera treinta años y no lo consiguieron, no lo consiguieron porque la sociedad los frenó. (Aplausos). Fue necesario organizar el tren de la libertad para que se enteraran, un tren que se llevó por delante al ministro de Justicia y también la ley que presentó el Gobierno de Rajoy.

A continuación, la modificación del aborto pasó a ser una patata caliente que nadie del Gobierno quería, ni el ministro Catalá ni el ministro Alonso, y ha terminado siendo una modificación parcial, presentada por el grupo parlamentario, que intenta arrebatar el derecho a decidir, responsable y libremente, sobre la maternidad a las mujeres más jóvenes y es especialmente dañina para las más vulnerables, lo que parece un cambalache para intentar contentar a todo el mundo pensando que, por una parte, los sectores más conservadores ya se cobran su pieza y que, por otra, como las jóvenes que abortan son pocas, su sufrimiento, desprotección y derechos importan menos. Pues les aseguro que a nosotros sí nos importan y nos importan mucho.

Vamos a dejar las cosas claras. ¿Al retirar la ley Gallardón quieren decir que, salvo en el consentimiento para las chicas de dieciséis y diecisiete años, están de acuerdo con la Ley de 2010? (Un señor diputado: ¡Venga, venga!). Si es así, cuéntenselo a los sectores más conservadores de su partido y a la Conferencia Episcopal y, en consecuencia, desistan del recurso de inconstitucionalidad. (Aplausos). De la plena constitucionalidad de la ley no duda prácticamente ningún grupo de la Cámara. No duda la ciudadanía, que la respalda mayoritariamente, y tampoco el Consejo de Estado, que avaló por unanimidad el informe favorable de Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución. Ustedes tienen mayoría absoluta, podían haber cambiado la ley, pero, ante la gran contestación social, se han parapetado en el recurso que interpusieron ante el Tribunal Constitucional. En el fondo les falta valentía para definirse ante la mayoría de la sociedad y ante los sectores más conservadores de su propio partido.

Hoy pretenden derogar el artículo 13 en su apartado 4 de la ley en vigor, el artículo que señala que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin informar a sus padres cuando estén en situación de: peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o de desamparo. Ustedes llaman —en lo que es un ejercicio de malversación de los conceptos— reforzar la protección por ejemplo a que una joven maltratada por su padre tenga que pedir permiso para interrumpir su embarazo precisamente a su padre maltratador. (Aplausos.—Rumores).

Señorías del PP, me gustaría que respondieran, ¿para quién es esta ley? ¿En quién han pensado cuando la traen a esta Cámara? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quieren proteger? A las mujeres jóvenes, no, claro que no. (Varias señoras diputadas pronuncian palabras que no se perciben). Todo lo contrario. Ustedes traen una ley que pondrá entre la espada y la pared a las mujeres jóvenes vulnerables. Ustedes conseguirán que una joven de dieciséis años que viva en las peores situaciones familiares, con progenitores violentos o sin ningún tipo de apoyo familiar, desamparada o en desarraigo, ante un embarazo no deseado, tenga que recurrir, para poder abortar, a esos progenitores que no existen o que la maltratan. ¿Pueden imaginar su sufrimiento (Una señora diputada: ¡No!), sin familia que las apoye, con un embarazo no deseado y abocadas a buscar fórmulas de riesgo para abortar? Deberían preocuparse por ellas. ¿Y por qué no pueden contar con sus padres, en vez de culpabilizarlas y ponerles las cosas más difíciles? Porque si esa joven decide interrumpir su embarazo, nada, ni siquiera su ley regresiva, se lo impedirá. (Aplausos). Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, los invisibiliza y ponen en riesgo la vida de las mujeres. Así no van a conseguir disminuir el número de abortos. Disminuirán el número de abortos legales y seguros. O, díganme: ¿cómo van a evitar el tráfico de fármacos abortivos o las prácticas cruentas? ¿Cómo van a evitar los viajes a cualquier país europeo de nuestro entorno? ¿De verdad están satisfechos poniendo a las mujeres más jóvenes en esta peligrosa situación?

El planteamiento que ustedes proponen es exactamente el contrario a las recomendaciones de las instituciones internacionales. Aquellos países que tienen leyes más restrictivas sobre el aborto también son los que eliminan la educación sexual de las aulas y los métodos anticonceptivos de su oferta de salud pública y ponen además trabas a las menores de edad para acceder a ellos. Es lo que ustedes han hecho: han eliminado la educación sexual, han sacado del sistema público de salud los anticonceptivos de última generación y ahora quieren obligar a las chicas de dieciséis y diecisiete años que están en situación de vulnerabilidad y de desprotección a enfrentarse a una barrera insalvable. Para estas jóvenes el aborto es consecuencia de un embarazo no deseado y eso debería ser su preocupación: trabajar en la prevención de los embarazos no deseados. Lo que es necesario, señorías —y que parece que el ministro Alonso no entiende—, es desarrollar toda la primera parte de la ley, que se refiere a educación sexual y prevención, no castigar y perseguir a las jóvenes. El Gobierno, las leyes de este Parlamento tienen la obligación de proteger a las mujeres jóvenes, porque un embarazo temprano y no deseado tiene consecuencias para toda la vida. Condiciona el presente y el futuro, tiene consecuencias físicas, personales, emocionales, económicas, profesionales; tiene consecuencias para la vida y la salud de las mujeres. Con más restricción no conseguirán disminuir las tasas de aborto, conseguirán más sufrimiento; y con menos prevención, educación y acceso a métodos anticonceptivos conseguirán más riesgo para la salud y más embarazos no deseados. La Organización Mundial de la Salud lo dice claramente en su guía para un aborto sin riesgos: Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos. Se requiere un entorno regulatorio y político propicio para garantizar que cada mujer tenga un acceso sencillo a servicios de aborto de buena calidad.

Señorías del PP, además, la situación vital en la que ustedes quieren colocar a las jóvenes es paradójica cuando menos. Con todas las reformas legales del Gobierno en estos momentos encontramos que una joven con dieciséis años puede someterse o rechazar cualquier tratamiento para operarse a corazón abierto o de quimioterapia, por ejemplo. Puede trabajar y pagar impuestos. Puede dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales. Puede casarse. En buena lógica, una joven de dieciséis años debería poder seguir decidiendo sobre si quiere o no ser madre. ¿Por qué no lo aceptan? Retiren esta reforma incoherente y dañina de una vez. Después de cinco años de aplicación de la ley, no hay motivos ni para la alarma ni para el retroceso, solo sus cálculos electorales. La actual Ley del Aborto es una buena ley porque cumple el objetivo de disminuir los embarazos no deseados. Ese debería de ser el objetivo perseguido. En 2010 se legisló para disminuir el número de embarazos no deseados y, por tanto, para disminuir el número de abortos, no para criminalizar a las mujeres y robarles su derecho a decidir sobre su maternidad. En 2013, último año del que tenemos cifras oficiales, se ha registrado la tasa más baja de aborto de los últimos siete años. Especialmente ha disminuido entre las jóvenes menores de treinta años. Conocen los datos porque ya se los hemos dicho muchas veces en esta Cámara. En 2014, según el estudio realizado por las clínicas, el 0,4 % del total de las mujeres que abortaron no pudieron informar a sus padres por las razones que señala la ley, es decir, aquellas jóvenes que no podían contar con sus familias.

Se lo vuelvo a decir, vamos a votar en contra de esta reforma y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que se modifique la ley. Tienen mayoría absoluta, pero no tienen mayoría social. No es casualidad que se presenten cuatro enmiendas a la totalidad. Cuatro enmiendas a la totalidad significan muchas voluntades contrarias a esta reforma. Rectifiquen, renuncien a dejar en la indefensión a las mujeres jóvenes. Renuncien a abocarlas a abortos inseguros que tendrán consecuencias en su salud y en sus vidas.

Señorías —si me quieren atender y, si no, también se lo digo—, la historia no retrocede por mucho que el PP lo desee. Han tratado de meternos miedo durante toda la legislatura, pero no tenemos miedo. Si nos empujan al túnel del tiempo, encontraremos la salida. Si se atreven a dar el último golpe a los derechos de las mujeres, no duden de que los socialistas lo cambiaremos. Lo haremos pronto, cuando estemos en el Gobierno. Señorías del Partido Popular, la vida y la salud de las mujeres valen más que un puñado de votos. (Aplausos.—El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, señorías, este debate se origina con la proposición de ley del Partido Popular que, con el voto en contra de toda la oposición, se tomó en consideración, una proposición de ley que modificaba la actual Ley en vigor, la 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, una proposición de ley con una modificación exclusiva en dos artículos de esa ley, que es la que está en vigor actualmente, dedicados a las menores de dieciséis y diecisiete años y que versaba sobre la capacidad de decidir sobre la interrupción voluntaria de su embarazo. El tema era el consentimiento y la información; el consentimiento para poder interrumpir su embarazo y la información que se debe dar por lo menos a uno de los progenitores, tal y como dice la ley, y, en el caso de que se pudiera demostrar que existen situaciones dramáticas, obviar esa información, algo a lo que llegamos a un acuerdo tras mucho debate en su momento. Mi grupo, en el debate que tuvimos aquí al tratar este tema, ya se opuso a esta modificación y lo sigue haciendo. Por tanto, dejamos claro que estamos en contra de la modificación que propone el Partido Popular, pero hoy estamos en un debate de totalidad. Hemos tenido la intervención de los cuatro grupos enmendantes, que han presentado evidentemente la enmienda a la totalidad, y alguno se preguntará por qué nosotros, estando en contra, no hemos presentado enmienda a la totalidad. Pues por una sencilla razón, porque nuestro alternativo es la ley vigente, y, como ustedes saben, no se podía pedir la devolución, porque, al ser una proposición de ley, había que presentar texto alternativo, y, repito, nuestro texto alternativo es la ley vigente. Nos parecía práctico, útil o de sentido común no presentar una enmienda a la totalidad diciendo que la enmienda nuestra es la ley vigente.

La desaparición de las dos modificaciones que presenta el Partido Popular es lo que nosotros presentaríamos en la fase de enmiendas parciales, que es lo que pensábamos hacer en la siguiente fase. La verdad es que por tener cinco minutos más en esta tribuna y aparecer en el periódico como enmendantes, aunque sea con la modificación de una palabra, no seremos ni más coherentes ni más firmes en nuestra convicción. Por tanto, hay que decir claramente que no hemos presentado enmienda a la totalidad, estamos en contra, nuestro texto alternativo es la ley vigente. Otros lo han hecho, y todos los respetos para los grupos que lo han hecho. Nosotros no la hemos presentado. En la fase de enmiendas espero que el Partido Popular también siga manteniendo el mismo criterio y no meta en la fase de enmiendas otras enmiendas que por ahora no conocemos. Nosotros sí le adelantamos que nuestras enmiendas en la fase de enmiendas van a ser de supresión de los dos artículos que el Partido Popular ha presentado como modificación de la ley.

Incluso hay otra razón de peso que para nosotros es importante y que ha servido como justificación central para no presentar texto alternativo, independientemente de rechazar la modificación del Partido Popular. Todos los partidos, todos los grupos políticos tenemos máximos, tenemos ideales y también enmiendas que no fueron aprobadas en la anterior legislatura cuando se debatió y se aprobó la ley, pero primó el consenso cediendo y acordando por todas las partes y ganando todos. Seguimos pensando que hicimos bien, que costó, pero que gracias a ese acuerdo salió un texto más reforzado y más equilibrado que algún que otro posible si no se hubiera dotado de equilibrio político. Si algunos partidos políticos no hubiéramos participado en ese texto, igual ahora esta ley tendría otra configuración, pero creo que es importante aceptar lo que cedió cada uno, lo que aportó cada uno y la confianza de que entre todos hicimos una ley justa y equilibrada, tanto política como ideológicamente, pero sobre todo jurídica y sanitariamente. Por eso nos hemos abstenido de presentar un texto propio, nuestro texto, porque consideramos que el que vale es el texto que existe, que es de todos.

Cada grupo ha hablado de derechos, etcétera, y me parece totalmente respetable, porque es así, pero hay un elemento que es unificador en esta ley que está en vigor, que es el artículo 12, cuando dice que se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta ley. Es una ley garantista, que creo que es lo básico y lo fundamental de esta ley y que no merece la pena cambiar en estos momentos. Por tanto, ¿por qué el Partido Popular solo ha modificado un único apartado? El Partido Popular, tal y como se ha dicho aquí, presentó un recurso de inconstitucionalidad a la ley vigente. El Constitucional todavía no se ha pronunciado, nos gustaría que se pronunciara, pero aparte hay una maniobra política que ya denuncié en su momento y que pienso que lo tengo que seguir haciendo. Si tanto se fía del Constitucional, ¿por qué no ha esperado a la resolución del mismo, a su pronunciamiento, y no presentar, no uno, sino que, no nos olvidemos, también tuvo otro proyecto de ley? Creemos sinceramente que el Partido Popular, aun con grandes alharacas y exhortaciones de todo lo que iba a cambiar en campaña electoral, no se ha atrevido a cambiar la ley existente. Es más, dudo, salvo la modificación que ha planteado, que quiera cambiar la ley existente. Lo digo basándome en datos y en hechos. Ha tenido cuatro años para hacerlo y no lo ha hecho. El primer intento en profundidad se llevó consigo al ministro cual tsunami tropical y nadie más supo de él ni de su proyecto. El Partido Popular todavía no nos ha explicado por qué no defendió ese proyecto. No sabemos si cree en ese proyecto o no cree, si en lo único que cree es en esta modificación, si en lo que cree es en la ley vigente o en qué cree, aparte de los cálculos que pueda hacer en cada momento. Considero que este es un debate señuelo, consecuencia de una modificación para salir del paso, con una consistencia muy baja y respondiendo a una promesa electoral a la que de alguna manera, antes de que acabara la legislatura, había que responder. Bertrand Russell decía que, incluso si la verdad es inconveniente, hay que ser sincero, pues resulta más inconveniente cuando se trata de ocultarla. Creo que deberían aplicarse la máxima de Russell, que algo de esto sabía.

Como yo decía en el debate de toma en consideración, hay un salto cualitativo y es de alegrarse, señores del Partido Popular. Hay un salto cualitativo que avanza sustancialmente en las posiciones del Partido Popular o por lo menos eso es lo que están escenificando. Mientras ustedes no lo nieguen, es así, porque ya ustedes no cuestionan si en el Estado español se puede abortar o no; lo que ustedes cuestionan es quién puede abortar, con qué edad se puede abortar o no, pero no han cuestionado en esta modificación si en el Estado español, con garantías jurídicas y sanitarias, dentro de unos plazos, se puede abortar o no.

El Partido Popular, pues, acepta el consenso establecido y la piedra angular de la actual ley, que es esa. En su momento, hace cinco años, yo hablaba de cruzar el río. Pues parece que ustedes han cruzado el río, porque, aun entendiendo que la distancia o desavenencia es mayor, no podemos olvidar una de las razones de peso que hacía que la ley actual sea una ley válida, y es que tras la aplicación de esta ley no ha habido más abortos y los que ha habido lo han sido con seguridad jurídica y con seguridad sanitaria y garantizados por la ley y por las cuestiones que plantea la ley, y, lo que es más importante, solo el 3,6 % de esos abortos han sido de menores y de todos ellos —se ha dicho muchas veces— solo el 0,44 % lo han hecho sin informar o sin consentimiento.

Cuando ustedes objetivaban o argumentaban la necesidad de esta modificación, se referían a una cuestión del Código Civil: la obligación que tienen los padres de velar por la salud, la integridad física y la protección de sus hijos menores. Evidentemente, no lo cuestionamos en ningún momento, pero ustedes le han dado la vuelta al sentido que el Código Civil da a esa protección. Cuando redactamos ese artículo, que permitía que algunos menores, por su situación familiar, no estén obligados a informar o que no necesiten el consentimiento, ¿creen ustedes que nosotros estábamos pensando en familias que tienen una relación sana, saludable y afectiva en su entorno? No. Ustedes lo saben. Estábamos pensando precisamente en esas familias que tienen problemas incluso de violencia intrafamiliar, que tienen problemas de desarraigo, que tienen problemas de relación, que pueden incluso tener problemas de salud dentro de la propia familia, salud sexual, y de violación incluso. Por tanto, seamos sinceros, sepamos a qué nos estamos refiriendo. Hay hijas que no pueden ser acompañadas por sus padres en ese momento tan trágico de su vida.

El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea, debe usted acabar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo ya, señor presidente.
Hace cinco años en el debate decíamos desde esta tribuna: no hay nada más maravilloso que una maternidad deseada. Les hago la pregunta: ¿creen ustedes que con esta modificación ustedes harán maravillosos los embarazos de las jóvenes que no quieran ser madres?
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Este es un debate o más bien un pseudodebate que se ha convertido en recurrente y es bastante lamentable porque afecta a una cuestión básica que tiene que ver con la conciencia de la gente, con la moral pública y con la relación siempre conflictiva entre leyes, legislación, política y moral. Y, ya lo dijimos la otra vez, lo que nos ha parecido desde el principio muy criticable en cómo ha ido actuando el Gobierno y el Partido Popular en este campo es que, pese a sus críticas a otros, concretamente en este caso al Gobierno anterior de Rodríguez

Zapatero y al PSOE, han hecho lo mismo, que es venir aquí con propuestas de partido que van mucho más allá y mucho más acá se quedan siempre en un terreno estéril para una cuestión que exige ser tratada con seriedad, con seriedad desde algunas premisas; por ejemplo, la premisa de que hay que separar la legislación democrática, la política, de la moral particular, porque lo que vuelve a traer otra vez de nuevo el Partido Popular es eso, un texto desde un punto de vista de una moral particularista y con un cálculo electoral, y coincido en esto con lo que ha dicho algún interviniente anterior.

Mi grupo no ve por ninguna parte, y no lo ha visto a lo largo de este debate, que además está viciado, una voluntad de mejorar la ley vigente, sino una voluntad de llevar otra vez al terreno de la confrontación partidaria una cuestión tan sensible como es esta de cómo regular el derecho al aborto. También es verdad que quizás hay que felicitarse de que ya no se cuestione si tiene que haber o no una despenalización de la interrupción del embarazo, sino meramente las condiciones en que tiene que darse. Pero, dicho esto, la manera de conducir el debate nos ha llevado a una situación que realmente tenemos que rechazar, pero además de plano, por completo. Ustedes han hecho una maniobra filibustera para que sea el Grupo Popular y no el Gobierno el que utilice la iniciativa legislativa en esta materia sobre la base de un proyecto de ley que retiró el Gobierno sin ninguna explicación y de paso retiró al ministro; pero, claro, esto obliga a los grupos, entre ellos al mío, a presentar textos alternativos al suyo porque no permite la devolución. Y eso nos lleva ya al terreno que nosotros queremos evitar, nosotros no queremos un debate de partidos sobre la despenalización del aborto, queremos que haya una mejora y una profundización de la ley sobre la base del consenso social más amplio posible, y político claro. Eso significa que en la ley habría que avanzar o habría que tratar de mejorarla en dos sentidos, lo hemos dicho muchas veces: en primer lugar, que sea una ley de plazos pura, en la cual haya la máxima libertad para la mujer gestante, y a la vez la máxima seguridad jurídica, tanto para el personal sanitario que interviene en la interrupción como incluso cuando se acaban los plazos para los no nacidos. Pensamos también que los plazos, cosa que se puede discutir si son veintidós semanas como ha propuesto Esquerra u otros grupos, es algo que justamente tendría que estar en ese objetivo de mejora de la ley y también la posibilidad de que hubiera excepciones. Pero aquí no hay nada de esto, se propone retirar algunos artículos de la ley vigente, con lo cual se desarticula si aquí hay un verdadero debate y, por lo tanto, no hay debate político sobre la cuestión, sino una maniobra filibustera.

Tampoco podemos votar las enmiendas de texto alternativo que se han presentado porque si tuviéramos un texto alternativo que, como he dicho, no compartimos como estrategia de reforma de la ley, hubiéramos presentado el nuestro propio. Por lo tanto, vamos a tener que abstenernos y reprochamos al Grupo Popular que haya llevado el debate a este punto sin salida basándose en intereses puramente partidistas. Hay muchas cosas que pensamos que están pendientes de discutir sobre la cuestión de los derechos reproductivos, y no solamente la actual Ley del Aborto, por ejemplo, nuestro grupo no comprende tampoco por qué el Grupo Socialista no comparte la necesidad de legislar a favor de la gestación subrogada, que sería ampliar los derechos reproductivos también a parejas homosexuales y cosas así, que nos parece que eso sí que sería progresista y sí que sería mejorar el actual panorama legislativo, y no empeñarse de un modo cerril en que mi ley era perfecta, o en el caso del Grupo Popular, en que su ley era tremendamente defectuosa y le vamos a quitar un par de artículos.

En resumen, mientras no se haga un esfuerzo por separar ética de política y moral de partido de moral pública y no se acabe de entender que en una democracia progresista lo que hay que hacer es mejorar a favor de la libertad y de la seguridad jurídica, cosa que no hace la propuesta del Grupo Popular, no la podremos apoyar de ninguna de las maneras. Así que en este caso nuestro voto será de abstención y, cuando se tramite la ley, presentaremos, por supuesto, las enmiendas que nos parezcan pertinentes en esta cuestión.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Como ya es tradicional en esta Cámara, voy a hablar en nombre de los diputados de Unió Democràtica de Catalunya, ya que saben que dentro del grupo parlamentario hay libertad de voto.

Como es lógico y entenderán, ya que en la toma de consideración de esta proposición de ley ya nos manifestamos en este sentido, Unió Democràtica de Catalunya no ha presentado enmienda a la totalidad y además vamos a votar en contra las enmiendas que se han presentado. Como bien entenderán ustedes, votaremos en contra por un tema de coherencia y por convicción. Por coherencia, porque desde Unió Democràtica de Catalunya ya nos opusimos a la actual ley por algunos aspectos que no nos gustaban, y un punto muy importante para nosotros era que en la ley constara la autorización de los padres para las menores de dieciséis años en caso de interrupción del embarazo. Estoy convencida de que ninguna mujer interrumpe su embarazo por gusto, y creo que en esos momentos es cuando más necesita estar acompañada, es cuando más necesita apoyo de sus familiares, sobre todo si es una mujer de dieciséis o diecisiete años. Vuelvo a repetirlo, por este motivo, por esta coherencia y por esta convicción que tenemos los compañeros de Unió Democràtica, vamos a votar en contra de estas enmiendas a la totalidad.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, saben que mi partido, Convergència Democràtica de Catalunya, es un poco más variado y que cada miembro del partido tiene libertad de voto. Por tanto, intentaré centrar mi exposición en aquellos puntos de consenso y de conexión a los que hemos llegado entre todos, pronunciándome específicamente sobre el objeto del debate de hoy, que entendemos que no es otro que la toma en consideración de las enmiendas a la totalidad presentadas por cuatro grupos parlamentarios.

En este sentido, queremos decirles que en su día los diputados y diputadas de Convergència Democràtica, ante la toma en consideración del proyecto de ley de modificación de la Ley de 2010, llegamos a un punto de conexión y convenimos que era una modificación innecesaria. Pensamos que era innecesario el proyecto de ley que nos trajo el Gobierno en su momento, era innecesaria su modificación, porque la ley vigente había conseguido que se redujese el número de abortos y se mejorase muchísimo la prevención, la educación, la salud sexual y reproductiva. Al final, ese descenso del número de abortos, junto con un mejor tratamiento de la información en los jóvenes y en las mujeres, hacía innecesaria la modificación y, desde este punto de vista, cada uno de nosotros ejercimos nuestra libertad de voto.

Ante las enmiendas a la totalidad de dos grupos parlamentarios, concretamente la presentada por Esquerra Republicana de Catalunya y la presentada por La Izquierda Plural, hoy ejerceremos nuestra libertad de voto en el mismo sentido, en coherencia con lo que cada uno de nosotros votó en su momento, porque esta innecesaria modificación que nos sirvió para encontrar esta base de consenso en el proyecto de ley del Gobierno nos sirve ahora para esta modificación que presentan ambos grupos proponentes. Es innecesario modificar la ley vigente. Por este motivo ejerceremos en concordancia y congruencia nuestra libertad de voto en la línea en que lo hicimos la anterior ocasión. Por tanto, y siguiendo con la misma argumentación, con relación a las enmiendas a la totalidad que nos presentan el Grupo Socialista y el grupo del BNG, que entendemos que no modifican esencialmente o no pretenden la modificación de la ley en vigor, también votaremos en consecuencia, pues esta modificación es innecesaria.

Señorías, una vez explicada la posición de los diputados y las diputadas de Convergència Democràtica de Catalunya, quiero hablarles como mujer de lo que espero que resulte del trámite parlamentario de mejora de esta ley. Como mujer, espero que siga permitiendo ejercer mis derechos y libertades en plenitud y en libertad, desde mi propia ética o moral, sin que nadie pueda imponerme ninguna otra ética o moral que se pretenda superior o mejor a la mía. Me gustaría también que saliese una ley y un texto que permitiesen mejorar la prevención, que permitiesen abundar en la educación, que permitiesen el mejor acompañamiento de las jóvenes que no quieren seguir adelante con su embarazo, con recursos clínicos, con recursos psicológicos, y que al final sigan permitiendo reducir el número de abortos que se practican como consecuencia de embarazos no deseados. Como mujer es a lo que aspiro de la tramitación de esta ley. Espero que seamos capaces de conseguir un consenso y que nadie pueda imponer una moral por encima de las otras.
Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, vemos hoy en la Cámara las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por diferentes grupos a la proposición de ley orgánica que presentó el Grupo Parlamentario Popular para devolver a los progenitores o tutores la capacidad de asesorar a sus hijas adolescentes de dieciséis y diecisiete años sobre si seguir adelante con su embarazo o interrumpirlo, una cuestión que ya discutimos el pasado mes de abril cuando se tramitó la toma en consideración de esta proposición. En su momento, ya pusimos de manifiesto que se trata de un compromiso del Gobierno y del Partido Popular con la sociedad española, en completo desacuerdo con la decisión tomada por el Gobierno del presidente Rodríguez

Zapatero en 2010 de permitir a las menores tomar esa decisión sin el consentimiento o incluso sin el conocimiento de sus familias, que en un momento como ese consideramos que deben estar a su lado para cumplir con el mandato constitucional de velar por ellas, educarlas y cuidarlas. No solo era el Grupo Parlamentario Popular y una parte muy importante de la sociedad los que se preocuparon por la deriva que este tema fundamental arrastraba en la mano del Gobierno socialista, sino que, según una encuesta publicada por el diario El País en junio de 2009, un 56 % de los votantes del PSOE se oponía a que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años pudiesen abortar solas, sin el acompañamiento de sus progenitores o tutores.

Explicamos también en su día cuáles son las razones por las que planteamos la supresión de la anomalía jurídica que supone esta situación. En primer lugar, porque la Ley Orgánica 2/2010, la ley Zapatero, parte del principio de que son mayoría las hijas que tienen una mala relación con sus progenitores, algo que, evidentemente, puede ocurrir en algunos casos, afortunadamente muy pocos, pero que nos negamos a pensar que se trate de la regla general a la que esta ley debe y quiere aportar soluciones.

A causa de esa supuesta mala relación, se asume también que las adolescentes no pedirán consejo a sus familiares sobre qué deben hacer en el caso de un embarazo, y se presupone, una vez más, que acudirán a un canal clandestino para abortar, por lo que, para evitar que supuestamente la ley deje de cumplirse, se modifica. Es decir, como dijimos en su momento, se hace de la excepción la generalidad.

Ahondando un poco más en esta reflexión, el tipo de relación entre progenitores e hijas adolescentes que deja traslucir la legislación en vigor no corresponde afortunadamente con el habitual en la sociedad española. El padre, la madre o el tutor son, para la Ley Orgánica 2/2010, la ley del Gobierno socialista, un problema; una interferencia en la voluntad de esa menor que, de nuevo, el legislador presupone empeñada en interrumpir su embarazo. En cambio, no asume como regla general y mayoritaria la relación fluida, la relación cariñosa que, por norma general, tienen las hijas con sus progenitores en España.

La Ley Orgánica 2/2010, que incide una y otra vez en la necesidad de formación y de información, especialmente entre la gente más joven, sin embargo, permite privar a las adolescentes del asesoramiento y consejo de las personas que habitualmente están más próximas a ellas, el de sus progenitores, retirando a estos, además, la posibilidad de ejercer la patria potestad que constitucionalmente les corresponde, pues tienen el derecho y el deber —no lo olvidemos— de educar a sus hijos e hijas, velar por ellos y procurarles formación y sustento. En esta tarea, en un momento tan importante en la vida de sus hijas, la ley de 2010 sustituye teórica y legalmente la función de los progenitores por la función del Estado.

Resulta también arbitrario el porqué de la elección solo de las menores de dieciséis y diecisiete años obviando, por ejemplo, que podría haber menores de quince años que se encuentren en la misma situación de hipotético conflicto con sus progenitores. Es evidente que aquí lo que la ley pretende es equiparar el aborto con cualquier otra operación quirúrgica, algo absolutamente inaceptable. Para una persona madura, a los dieciséis años es posible calibrar el alcance de una operación o de un tratamiento médico, pero asumir que es capaz de valorar las consecuencias de un aborto implica atribuirle una madurez que no se tiene habitualmente a esa edad.
Señorías, solo España, junto con la República Checa, en la totalidad de la Unión Europea, permite el aborto de menores sin el consentimiento de sus progenitores o tutores… (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Por favor, ruego silencio para escuchar a la señora González Vázquez. Continúe.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Decía que solo España, junto con la República Checa, en la totalidad de la Unión Europea, permite el aborto de menores sin el consentimiento de sus progenitores o tutores. En Francia, por ejemplo, las menores deben ir acompañadas de su madre, su padre o de un adulto de su confianza, pero no pueden acudir solas ni tomar una decisión de tal importancia sin el apoyo de una persona adulta de su entorno.

Finalmente, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, Esquerra Republicana, Compromís, Bloque Nacionalista Galego, La Izquierda Plural, y el resto de grupos que no apoyan esta proposición de ley, si ustedes mismos han utilizado en su argumentación, una y otra vez, el hecho de que la mayoría de las adolescentes de dieciséis y diecisiete años abortan con el conocimiento de sus progenitores que las acompañan durante el proceso —dato que conocemos por la información proporcionada por las clínicas donde se realiza la interrupción del embarazo y que ustedes mismos, en sus intervenciones, hace un momento han evaluado en un 0,4 % de los abortos realizados en menores de dieciséis y diecisiete años—, ¿por qué no quieren ustedes que se legisle en función de esa realidad, es decir, del 99,3 % restante de las menores? (Rumores.—Aplausos).
¿Por qué no asumen que se confundieron cuando consideraron que la mayoría de esas adolescentes abortarían a espaldas de sus padres o madres? ¿Por qué no permiten que aquellos casos excepcionales, que ustedes mismos reconocen como excepcionales, se rijan por las excepciones que nuestro Código Civil establece y contempla? Deberían ustedes reflexionar sobre la lógica de esa premisa, cuyo punto de partida ustedes mismos aceptan, utilizan y enarbolan una y otra vez en el debate sobre este tema. (La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, le ruego silencio.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Para terminar, voy a hablar sobre las enmiendas a la totalidad que se han presentado. En concreto, se han presentado cuatro: Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Galego, La Izquierda Plural y el Grupo Parlamentario Socialista, cada una de ellas distintas. Pero si algo llama la atención es el énfasis que se hace, tanto desde La Izquierda Plural como desde Esquerra Republicana de Cataluña en incluir —y esto es especialmente importante— en el artículo 1 la expresión —y cito textualmente—: El derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta inclusión específica es la prueba evidente de que hasta ahora en nuestra legislación ese derecho no existe. Es más, la Ley Orgánica 2/2010 fue extremadamente cuidadosa a la hora de referirse a este punto, sin mencionarlo nunca explícitamente e incorporó expresiones como —y cito— la garantía del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo —una referencia que ha mencionado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco—, la capacidad de la interrupción del embarazo, la decisión de la mujer sobre la intervención, pero, en ningún momento, se articula como un derecho de la mujer, posiblemente para evitar entrar en conflicto con la doctrina del Tribunal Constitucional. Señorías, el aborto en nuestro sistema sería un derecho de las mujeres en el caso de que prosperasen las enmiendas de Esquerra Republicana y de La Izquierda Plural, que no es el caso. Por tanto, el aborto no es en nuestro sistema jurídico un derecho de las mujeres.
Me voy a centrar en los aspectos concretos de dos de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo. En primer lugar, la enmienda de Esquerra Republicana a la que podemos calificar de absoluto disparate, estableciendo, por ejemplo, un plazo de veintidós semanas para la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando los preceptivos informes médicos, suprimiendo los plazos en los casos de riesgo para la vida de la madre o anomalía grave en el feto, eliminando los comités clínicos y denominando a todo ello —y cito textualmente—: mejora de derechos de la ley. Quisiera recordarles, señorías, que en Noruega, Suecia u Holanda, por poner solo tres ejemplos de países con legislación que ustedes suelen traer a colación como modelo, a partir de la semana decimoctava, el aborto solo puede realizarse en caso de grave peligro para la salud de la madre o del feto. Asimismo, esta enmienda a la totalidad establece la obligatoriedad de incluir en todas las etapas del sistema educativo —entiendo, señorías de Esquerra, que también estaría incluida, por tanto, la educación infantil de cero a tres años o la de tres a cinco años— una formación en salud sexual afectiva y reproductiva, que incluya el conocimiento al derecho del aborto. Creo que obvia cualquier referencia a lo que este mandato implica, pero querría recordarles que el criterio del tribunal… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora González.
Por favor, la señora González Vázquez está terminando. Escúchenla.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Querría recordarles que el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de su sentencia Kjeldsen, Madsen y Pedersen contra Dinamarca de 7 de diciembre de 1976, establece claras directrices en cuanto a los contenidos que se pueden incluir en la educación en esta materia y su necesaria objetividad, con un límite implícito en cuanto a la edad a la que se puede establecer como obligatoria, una edad en la que el alumnado pueda diferenciar entre formación e información. De lo contrario, la transmisión de información, sin que el alumnado tenga capacidad para enjuiciarla de modo responsable, puede ser formación en una determinada visión del mundo, algo que el tribunal considera inaceptable.

Quisiera también dedicar un minuto solo a la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, por la perplejidad que provoca su lectura. Parecería que el Grupo Socialista que ha defendido con ahínco la totalidad de la Ley del Aborto actualmente en vigor —su ley— debería sostenerla con fuerza y siendo coherente con esa defensa reintegrarla en sus términos, como ha hecho el Bloque Nacionalista Galego, o al menos enmendar los dos artículos de la proposición de ley del grupo mayoritario. Pues bien, no es así. El Grupo Socialista presenta una exposición de motivos en la que achaca al grupo parlamentario una incoherencia inexistente al haber enmendado en dos leyes distintas el artículo 9.4 de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente…
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino, ya.
Quiero decirles que no hay ninguna incoherencia en esa cuestión y que se enmienda de dos maneras diferentes y lo único que habrá será una modificación de la numeración. Deben saber también, señorías, que resulta sorprendente que en el articulado de su enmienda a la totalidad mediante texto alternativo y artículo único no hagan ustedes referencia al texto de su ley, sino tan solo a la modificación de la Ley 41/2002. Se trata de una verdadera chapuza jurídica incomprensible y confusa, en la que no queda claro si ustedes desean volver al texto original actualmente en vigor, o retirar el artículo 13.

Termino, presidente. Ni las leyes ni las normas, como sabemos bien, tienen carácter absoluto. Su valor reside en su mayor o menor utilidad social, en su aceptación, en su capacidad de responder a las demandas de una mayoría de la ciudadanía y en la satisfacción de esta. La reforma que proponemos viene ya legitimada por el convencimiento que reside en esa mayoría de personas,… (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora diputada; no puede seguir. (Rumores).

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino ya. (Rumores).
… padres y madres que consideran que es necesaria, y queremos defenderla y realizarla mediante nuestros argumentos simples, sinceros y honestos, sin entrar a hablar de otros temas, como ha hecho, por ejemplo, el señor Baldoví. Lo que nos trae hoy aquí es la proposición de ley y no otros temas u otros comportamientos, pues de eso tendríamos mucho que hablar a la luz del lamentable espectáculo que está dando, por ejemplo, el partido del señor Baldoví en la Comunidad Valenciana. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora González Vázquez, no podemos hablar de más; tiene que terminar.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, está con nosotros en la tribuna de autoridades el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, don Phil Hogan, que por segunda vez viene a España para entrevistarse y para hablar con nuestros diputados de la Comisión de Agricultura. Le damos la bienvenida y le deseamos una feliz estancia. Muchas gracias. (Aplausos).

Votamos en dos minutos. (Pausa).

Quiero advertirles que hay bastantes votaciones. Se ha reducido a diez segundos la votación y yo diré simplemente aprobadas o rechazadas las enmiendas.

Aprobado por el Grupo Popular.

ACCEDER AL DEBATE COMPLETO.

 

Un comentario en “Proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con discapacidad modificada judicialmente en la IVE (Número de expediente 122/000195)”

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