#JusticiaParaJuana

LA PLATAFORMA 25N/8M DE GRANADA, ANTE LA SITUACIÓN JUDIAL QUE ATRAVIESAN JUANA RIVAS Y SUS HIJOS, EN ESPAÑA E ITALIA,

VOLVEMOS A PEDIR

QUE SE HAGA JUSTICIA

  La realidad que están viviendo Juana Rivas y sus hijos pone al descubierto, una vez más, la gran debilidad del sistema de protección a las víctimas en una Unión Europea en la que aún no se aplican las normas internacionales vinculantes (como es el Convenio de Estambul), que establecen la necesaria coordinación entre las instituciones y órganos judiciales de los Estados cuando, como es este caso, son varios los países implicados,

En el verano de 2017 Juana Rivas actuó para proteger a sus hijos, los cuales fueron finalmente entregados al padre.

Desde entonces, en reiteradas ocasiones Juana ha pedido a los juzgados de Granada, protección cautelar para sus hijos; petición avalada por Informes de profesionales del Sistema Sanitario Andaluz.

En todo momento la respuesta obtenida ha sido:  España no es competente para adoptar medidas cautelares de protección sobre estos menores, sino que es Italia la que tiene que resolver.

En la actualidad, en España, el Tribunal Supremo tiene previsto el día 26 de abril una nueva sesión en Pleno, para debatir y, en su caso resolver, sobre el recurso contra la Sentencia que condena a Juana a 5 años de prisión y privación de 6 años del ejercicio de la patria potestad.

Mientras tanto, en Italia, se están investigando los posibles malos tratos del padre a sus hijos.

Cada uno de estos procedimientos, en España y en Italia, avanzan de manera independiente y descoordinada, cuando el resultado de cada uno de ellos condiciona, de manera inevitable, el del otro.

¿PUEDE DARSE ASÍ UNA RESPUESTA JUSTA?

LA SITUACIÓN JUDICIAL QUE ATRAVIESAN JUANA RIVAS Y SUS HIJOS, EN ITALIA Y EN ESPAÑA, NO PODRA TENER UNA RESPUESTA JUSTA, SI LOS DOS ESTADOS NO CUMPLEN CON LA NECESARIA COORDINACIÓN, PREVISTA EN LAS NORMAS INTERNACIONALES Y EN PARTICULAR EN EL CONVENIO DE ESTAMBUL.

Por eso, pedimos al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado que, en cumplimiento de dichas normas, apliquen los procedimientos y cauces necesarios para que esa coordinación tenga lugar y así PROTEGER REALMENTE A LAS VÍCTIMAS.

ACCEDER A LAS FIRMAS.

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