El lunes 31 de marzo, las Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells han interpuesto una querella criminal contra LAURA CHORRO DIÉGUEZ, Directora General de Familia y Mujer dela Conselleríade Bienestar Social dela Generalitat Valenciana, por un presunto delito de coacciones.

Las Asociaciones denunciantes tienen reconocido el derecho de uso por parte dela GeneralitatValencianadel inmueble sito en Valencia, en el número 2, puerta 15, de la calle Martínez Cubells, desde hace veinte años, en atención a las labores sociales que en él desempeñan y que les son propias.

Se trata de un conflicto que se prolonga dos años, pero que cambió de cariz con el inicio de 2014, cuando la mencionada Directora General pasó de las amenazas a los hechos, rescindiendo el contrato de alquiler y devolviendo las llaves al propietario (pese a que el inmueble seguía ocupado por las asociaciones), saltándose la legalidad al no acudir con carácter previo a la jurisdicción civil para extinguir el derecho de uso.

Frente a este atropello, nos preguntamos: ¿Qué legitimidad le asiste ala DirectoraGeneralpara utilizar su «poder» o a qué mandato obedece para pasar por encima de lo que sí es un legítimo derecho de uso amparado por el ordenamiento jurídico y consolidado en el tiempo y, lo que es más importante, por la trayectoria social de las asociaciones de mujeres? Recordemos que estas asociaciones forman parte del Consell dela Donadela GeneralitatValenciana, organismo que también está siendo desactivado porla Directora Generalque solo lo convoca a finales de año, porque tiene la obligación de hacerlo, sin otorgarle un papel real como organismo asesor en las políticas de igualdad.

La querella criminal que se ha interpuesto se fundamenta en que ha puesto en riesgo el derecho a la intimidad de las usuarias de los servicios que, de forma altruista, se vienen prestando en dicho local, al existir en el mismo documentación personal merecedora de la mayor protección. Que, además de lo anterior,la Conselleríade Bienestar Social dejó de abonar a IBERDROLA y a EMIVASA las facturas de los suministros correspondientes al periodo octubre/diciembre de 2013 para que, de ese modo, se procediera a su corte por impago, obligando “de facto” con ello al abandono del local. Pero como las Asociaciones de Martínez Cubells se hicieron cargo de esos pagos,la Conselleriaordenó retirar el contador de la luz.

Esta forma de proceder, del todo irregular, supone obligarnos a abandonar el local, restringiendo nuestra libertad, utilizando una vía de hecho para conseguir el desalojo del inmueble, lo que entendemos que puede constituir, al menos, un delito de coacciones cuyo responsable será, además dela Sra. Chorro, la persona o personas que hayan ordenado la resolución del contrato, la devolución de las llaves a la propiedad y el cese del suministro eléctrico en el inmueble.

En este sentido, las Asociaciones manifestamos que nos podremos quedar a oscuras, pero inclusive en medio de la oscuridad, seguiremos luchando para hacer visibles los derechos de las mujeres, tantas veces negados, tantas veces recuperados.

¿Cómo es posible que no exista ningún local, propiedad dela GeneralitatValenciana, donde las asociaciones de mujeres puedan seguir desarrollando su labor social? Esa falta de voluntad y las medidas de fuerza que la administración está implementando, es lo que nos ha impulsado a apelar a los Tribunales, confiando en que el balance de poderes ponga un límite a la arbitrariedad con la que se está obrando, que niega una cuestión fundamental: la representación de intereses sociales y la participación cívica que ejerce la sociedad por medio de sus entidades.

Asociaciones de Mujeres de Martínez Cubells