El reconocimiento jurídico de derecho político fundamental a las mujeres al sufragio y a optar a cargos de elección popular fue una conquista que logró el movimiento sufragista en Chile el año 1949. Por Tania Busch Venthur, Abogada. Estudiante de doctorado. Docente Universidad de Concepción Su ejercicio en igualdad de condiciones en relación con los hombres, 63 años después, sigue como un desafío por conquistar. Es que el reconocimiento formal de derechos de grupos que viven en una situación estructural de desigualdad, es decir, que por su pertenecía a un colectivo son sistemáticamente excluidos de ciertos derechos o ciertos beneficios que les son dados como naturales a otros grupos más favorecidos, es por regla generalísima insuficiente para que se pueda efectivamente gozar de estos. Si bien una primera mirada pareciera no percatarse de la desigualdad en el acceso al poder de las mujeres en la región y en Chile, particularmente por la atención que atraen personajes personajes femeninos con liderazgos políticos de primera línea como Cristina Kirchner, Dilma Rousseff o Michelle Bachelet, una observación detallada de la representación política de las mujeres devela una desigualdad importante en el acceso a cargos públicos y participación política. Así lo ha observado la comunidad internacional que a través de distintos instrumentos de derechos humanos[1] ha reconocido la relevancia de igualar las opciones del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos. Como indica el informe del 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Participación Política de las Mujeres de las Américas, la participación y representación adecuada de las mujeres en todos los niveles de gobierno es una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia, y los Estados deben implementar medidas positivas para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, de modo que estos no queden como una mera declaración. Naciones Unidas en las recomendaciones generales al informe de la CEDAW del año 2006 observó al Estado de Chile la baja participación de mujeres en el Parlamento, municipios y servicio exterior, la falta de avance en materia de ley de cuotas, y recomendó modificar el sistema electoral binominal, que es desfavorable para la representación política de la mujer. El próximo informe debería lanzarse durante el segundo semestre de este año. La falta de avances en las materias observadas seis años atrás es evidente y de seguro, Chile volverá a ser objeto de reproche en estas materias. También instituciones nacionales han señalado que nuestro país tiene una deuda pendiente en materia de derechos políticos de las mujeres. El Instituto nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe «Situación de los Derechos Humanos en Chile» del año 2011 recomienda al Estado implementar medidas en favor de la igualdad y la no discriminación, teniendo en especial consideración las condiciones estructurales o circunstanciales de vulnerabilidad en que se encuentran ciertos grupos, como las mujeres, con el fin de erradicarlas, entre otras, a través de medidas de acción afirmativa dirigidas a grupos discriminados. En el mismo sentido se pronunció el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales que recomienda implementar medidas legislativas, administra­tivas y judiciales para mejorar la insuficiente representación de mujeres en la política, a través de leyes de cuotas y financiamiento público que incentive las campañas políticas. Es que, no obstante constituir el 53% electorado, la representación que las mujeres tienen en Chile en cargos de poder es destacadamente menos. Revisando cifras de mujeres en cargos de elección popular podemos ver que durante el año 2011, las mujeres representaban el 13, 89% de los senadores, el 14, 17%1 de los diputados, el 12, 5% de los alcaldes y el 23% de los concejales[2]. En nuestra región la situación es todavía más dramática, encontrándose por debajo del promedio nacional. En la región del Bio bio, la participación femenina a nivel senatorial es de 0%, en la Cámara Baja sólo hay una diputada de los 16 escaños que se eligen en la región, representado un 6, 25 %. A nivel municipal, de un total de 55 comunas sólo dos mujeres resultaron electas alcaldesas, lo que representa un 3.6%, y de los 336 concejales que se eligen en la región, 54 son mujeres, lo que lo que representa un 16%[3]. Como se observa, el porcentaje de mujeres baja en la medida que se asciende en poder. Esto es significativo, ya que se sabe que en la participación política comunitaria, a nivel de dirigentes de base, la presencia femenina es mucho mayor. No se trata entonces de falta de interés por parte de las mujeres en temas políticos y sociales, como suele escucharse argumentar. Lo que sucede es que, a mayor poder de decisión, más altas son las barreras de entrada. En este contexto, diversas organizaciones han trabajado este año en la campaña «Más mujeres al poder» que busca se realicen las reformas políticas necesarias para la efectiva incorporación de las mujeres a los espacios de decisión pública. Se requiere tomar conciencia de que este no es un tema «de mujeres» sino de calidad de la democracia y de vigencia de los derechos fundamentales. Es imprescindible y urgente la implementación de políticas públicas destinadas a corregir la situación estructural de desigualdad en que se encuentran las mujeres, un mayor y mejor acceso de las mujeres a fuentes de financiamiento para su actividad política y una modificación de las prácticas internas de los partidos, de modo de lograr un avance sustantivo en la materia. Las próximas elecciones municipales serán una nueva oportunidad para evaluar cuánto hemos avanzado las mujeres en el ejercicio de ese derecho que se nos reconoce hace ya más de seis décadas, y del que sin embargo todavía estamos lejos de gozar en plenitud.

Más mujeres al poder

[1] la Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de «Belém do Pará»), la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y otros documentos de consenso internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional de la Mujer («Conferencia de Beijing») y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo («Conferencia de El Cairo»). [2] Datos obtenidos del Observatorio de Género y Equidad [3] Datos obtenidos de www.masmujeresalpoder.cl