Manifiesto «La blasfemia no puede ser delito en una sociedad democrática»

Intelectuales por la derogación del delito contra sentimientos religiosos

Algunos miembros de la justicia española parecen decididos a silenciar la crítica a los valores e ideas más tradicionales como si se trataran de dogmas incuestionables en una sociedad democrática. Cada cierto tiempo nos sorprenden castigando a un rapero que crítica a la monarquía, encarcelando a unos titiriteros que se ríen de los jueces o censurando alguna portada humorística. En definitiva, cercenando las libertades de expresión y de creación que sí son dogmas en nuestra Constitución, el único libro “sagrado” para toda la ciudadanía.

Ahora, en Málaga, han condenado a una activista feminista por lanzar un mensaje crítico mediante la burla de una tradición tan arraigada y respetable como las procesiones de Semana Santa, pero no hasta el extremo de coartar su libertad de expresión y ser condenada por ello. El juez que dicta la sentencia cree que adorar jocosamente a un coño como si fuera una virgen, pasearlo y rezarle es algo prohibido por la ley, porque los católicos pueden sentirse ofendidos al verlo. Pero tras esta argumentación se esconde la idea de que los dogmas de la religión no vinculan solamente a quienes creen en ellos sino que deben ser respetados de alguna manera por toda la sociedad. En definitiva, castiga la blasfemia.

Este entendimiento no sólo es medieval, sino que supone una barbaridad jurídica en un Estado que se autodefine aconfesional y democrático. Con la procesión del chumino insumiso, las activistas feministas pretendían criticar que los dogmas de una religión patriarcal y discriminadora de la mujer se hayan extendido al resto de la sociedad. La ridiculización humorística de la liturgia católica era una forma de llamar la atención sobre la postura de la iglesia católica que discrimina a las mujeres. Y eso es, precisamente, lo que se les prohíbe.

Resulta del todo evidente que la sentencia vulnera la libertad de expresión de estas mujeres.  Pero el juez lo hace porque, desgraciadamente, el código penal da margen para ello. El artículo 525 del Código Penal castiga al que haga escarnio de los dogmas de una religión para ofender los sentimientos de quienes la practican. Un artículo con raíces inquisitoriales, mantenido durante el franquismo y cuya redacción actual se debe al gobierno socialista en 1995, por este pánico incomprensible e injustificable de la izquierda para acometer una de las reformas más necesarias e históricas: la separación entre Iglesia y Estado. Más allá de que en el caso no se quería ofender a nadie por sus creencias sino exponer una crítica política, lo cierto es que la literalidad de este precepto parece proteger ciertos dogmas frente a la burla pública. Es cierto que es obligatorio interpretarlo conforme a la Constitución, de tal modo que permita la crítica social y la discrepancia, incluso jocosa, con cualquier idea: lo que es un derecho fundamental nunca puede ser al mismo tiempo delito. Pero su mera existencia permite abusos como éste.

Por supuesto que el reconocimiento constitucional de la libertad de expresión no ampara las expresiones que dañen la dignidad personal de nadie. Es ilegítimo atacar a la esencia de una persona a causa de sus creencias. Pero la interpretación que hace este juez no defiende la dignidad personal, sino el valor de determinados dogmas. Parte de que la religión, es algo tan serio que el Estado puede castigar a quien se ría de ella. Sin embargo, no existe un delito similar para quien pudiera burlarse de creencias que trasciendan de la religión, sean ideologías políticas, filosóficas o de cualquier otra índole. No pedimos que se amplíe el objeto del delito, sino todo lo contrario porque ninguna de las dos conductas merece sanción penal. 

No se acusa a las feministas de dañar a nadie sino de herir unos sentimientos. Sin embargo, los sentimientos no sufren, ni pueden ser heridos. En un Estado democrático no basta con que a alguien le moleste la forma de pensar ajena para prohibirla.  Todas las ideas están sometidas a debate y todas pueden ser libremente ridiculizadas, sin que haya ninguna constitucionalmente sagrada. La frustración o el sufrimiento que uno pueda sentir al ver sus ideas rebatidas o al descubrir que provocan risas no justifican el castigo contra quien ejerce su libertad de expresión. La persona merece un respeto como tal, sus ideas no.

Y esto es así para evitar que nadie especialmente quienes ejercen un poder público imponga sus creencias a las demás personas. No es casual que este tipo de condenas por ridiculizar los dogmas de la religión católica las dicten siempre jueces católicos practicantes. Con ellas los titulares del poder judicial, consciente o inconscientemente, vienen a imponer el respeto universal a las verdades en las que ellos personalmente creen.

Castigan a quien se ríe de la idea de que la virgen María era virgen estando embarazada o que Dios son tres y uno a la vez. Si en el poder judicial hubiera mayoría musulmana quizás castigarían a quien ridiculice el dogma de que Mahoma no pueda ser representado en público o que Dios le susurrara en sueños un libro.
La libertad religiosa permite que nadie pueda ser perseguido o castigado por creer en este tipo de cosas, pero no exige, ni mucho menos, que la sociedad entera tenga que aceptarlas como ideas valiosas de las que uno no se puede reír. También es libertad religiosa el derecho a creer que todo eso son supersticiones ridículas.

Todo esto lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y posiblemente lo sabe el magistrado que firma esta sentencia vergonzosa.

Pero mientras exista el artículo 525 del código penal habrá jueces que, aun sabiendo que su sentencia va a ser anulada por un tribunal superior, aprovechen la ambigüedad legal para resucitar el delito de blasfemia y disuadir a cualquiera de reírse de los dogmas del catolicismo. Los mismos, paradójicamente, que defienden la libertad de expresión frente a los fundamentalismos de otras confesiones. A nuestro juicio, ahí radica la clave de lo que ocurre. Sancionar y estigmatizar públicamente para que la ciudadanía se autocensure en sus opiniones o expresiones artísticas en relación con las cuestiones religiosas.

Por todo ello, como ciudadanos y ciudadanas no podemos sino mostrar una profunda preocupación por este atentado contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Condenamos esta sentencia religiosa e inconstitucional y exigimos la urgente desaparición del delito contra los sentimientos religiosos de nuestro ordenamiento.

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