Manifiesto.- Ante el antifeminismo de VOX, alerta y diligencia debida institucional

Las asociaciones abajo firmantes reclaman que se extreme la diligencia debida institucional a la que obliga el artículo 9.2 del Convenio del Consejo de Europa de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), impidiendo cualquier incumplimiento de las obligaciones específicas para la prevención, detección temprana, sensibilización, apoyo, reparación y protección frente a esta violencia establecidas el marco jurídico vigente.

La atribución de responsabilidades de gobierno de una formación política que ha hecho bandera y seña de identidad del ataque al feminismo y a la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres que es el objeto de nuestra lucha, obliga a mantener encendidas todas las alarmas y a extremar la vigilancia ante cualquier disposición o acto que implique un retroceso en las obligaciones de prevención, detección temprana, apoyo psicológico, social, laboral y jurídico, protección de mujeres y menores expuestos y reparación del daño ante cualquier manifestación de la violencia de las que son víctimas específicas las mujeres, como es la violencia en el ámbito íntimo, la violencia sexual o la violencia económica, a las que están desproporcionadamente expuestas las mujeres por razones históricas y estructurales en todos los espacios por los que transitan sus vidas: la familia, la pareja, el trabajo, los espacios educativos, deportivos o de ocio.

Nos alarma especialmente el anuncio de adjudicación de las competencias de la hoy denominada “Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades” a quienes
— Desprecian este último concepto por activa y por pasiva.
— Rechazan las leyes de promoción de la igualdad y contra la violencia de género y el acoso sexual y por razón de sexo.
— No creen que haya que promover el acceso a recursos básicos a quien por origen tiene dificultades para acceder a ellos entre otras razones por precariedad económica o imposiciones derivadas del género.
— Promulgan un modelo de familia jerárquico y patriarcal y la aplicación del Síndrome de Alienación Parental para aplicar una inconstitucional “presunción de mendacidad” a las mujeres que denuncian actos de violencia, dejando en desamparo a sus hijos e hijas.
— No quieren ver y niegan los datos y evidencias de esta violencia o los que acreditan la persistencia de otros factores de discriminación como el trabajo no retribuido que las mujeres siguen prestando en el seno de la familia y la consiguiente brecha de empleo de 20 puntos entre hombres y mujeres con menores a su cargo.
— Dificultan e impiden el acceso a derechos de salud sexual y reproductiva.
— Defienden que sus hijas e hijos forman parte de su patrimonio personal y se arrogan la facultad exclusiva de adoctrinarles ideológicamente en la negación de la evidencia de la violencia y la desigualdad.

El movimiento de mujeres, del que formamos parte, denunciará ante las instituciones competentes a nivel estatal o internacional cualquier medida ejecutiva o legislativa, o la omisión de obligaciones que les conciernen, que pueda impulsarse desde el gobierno de Castilla y León y que implique contravenir los derechos fundamentales de los que como personas son titulares las mujeres y la normativa que los ampara y desarrolla, tanto en nuestra Constitución que tiene como valor superior y derecho la igualdad (artículos 1 y 14) y la promoción de las condiciones de igualdad de oportunidades real (artículo 9.3), así como en tratados internacionales como el Convenio contra la Violencia hacia la mujer del Consejo de Europa o el Convenio para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de Naciones Unidas, normativa estatal como la Ley contra la Violencia de Género de 2004 o la Ley de Igualdad de 2007, o incluso de las propias normas promulgadas hasta ahora por el propio parlamento de Castilla y León.

Este es nuestro compromiso con la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y por la igualdad real, para el que pedimos el apoyo y diligencia debida que les concierne
— Al poder legislativo, diputadas y diputados, senadoras y senadores, procuradores y procuradoras de las Cortes de Castilla y León; al Gobierno de España y al Defensor del Pueblo, para que ante cualquier desviación o contravención de estas obligaciones que llegue a su conocimiento planteen las correspondientes cuestiones de inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
— Al Defensor del Pueblo Ministerio Fiscal, para que igualmente plantee los recursos de amparo por las vulneraciones de derecho individuales a las que alude el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
— A la Comisión de cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que recaben los datos sobre implementación de medidas de formación a profesionales (artículo 15 del Convenio de Estambul), protección y apoyo a las víctimas y a los menores expuestos (artículos 18 y 26 del Convenio de Estambul) y su acreditación conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004.

Marzo de 2022

** Promovido por Asociación de Mujeres Juristas Themis (CIF G78777455)

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Más de 200 asociaciones firman un manifiesto en el que piden «alerta institucional» ante el antifeminismo de Vox. Está promovido por la Asociación de Mujeres Juristas Themis tras conocerse que el partido de ultraderecha no reconocerá la violencia machista en el gobierno de Castilla y León.

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