Manifiesto a favor de una nueva regulación del aborto en España

Las organizaciones firmantes, expresan su apoyo al desarrollo de una nueva legislación en materia del aborto en España. Una regulación capaz de superar los problemas de inseguridad jurídica para las mujeres y el personal sanitario y que corrija la evidente desigualdad e inequidad territorial que se ha derivado de la actual legislación.

Demandamos una ley que termine con la intolerable tutela de la actual regulación sobre el derecho a decidir de las mujeres en relación con su propia maternidad y que elimine toda criminalización del aborto garantizando las adecuadas condiciones de seguridad sanitaria y jurídica tanto para las mujeres como para el personal sanitario.

Tras casi 25 años de denuncia sobre las deficiencias de la actual ley, creemos que la sociedad española reclama un nuevo enfoque en la regulación del aborto que ponga en el centro el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad y que desde las recomendaciones de organismos internacionales nos acerquen a las legislaciones de nuestro entorno.

Para conseguirlo consideramos que es preciso responder a las siguientes demandas:

1. Una Ley específica en materia de salud sexual y reproductiva que elimine la tipificación del aborto como delito dentro del código Penal. La única referencia que ha de quedar en el código penal sobre aborto, deben ser los casos en los que se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia. Demandamos la supresión de los art. 145 y 417 bis del Código Penal Vigente, que conlleve una despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo con las excepciones de los artículos 144 y 146.

2. Garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública. Esta garantía debe contener:

  • Una regulación adecuada de la objeción de conciencia que no pueda ser invocada de forma colectiva por los centros sanitarios.
  • La responsabilidad de las autoridades sanitarias en el desarrollo efectivo de la prestación.
  • Apoyo y protección al conjunto de profesionales que practican efectivamente los abortos, incluyendo la formación y especialización desde las propias universidades.
  • Desarrollo de protocolos de intervención que aseguren, tanto la equidad territorial como la calidad del servicio en toda la red sanitaria pública y un adecuada intervención en materia de prevención y fomento de prácticas sexuales seguras y saludables para mujeres y hombres.

3. El reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres en las veintidos primeras semanas de embarazo, ha de ser combinado con indicaciones en el caso de malformaciones fetales y de riesgo para la salud de la embarazada que respondan a criterios médicos, sin límite de plazo.

4. Inexistencia de periodo de reflexión obligatorio previo a la intervención: Consideramos que la información sobre ayudas públicas y derechos sociales y laborales relacionadas con maternidad/paternidad es una información necesaria para toda la población y un elemento esencial en la estrategia de prevención.

Por tanto, la responsabilidad del Estado debe plasmarse en la más amplia difusión de esta información.
El hecho de dirigir esa información de forma directa y exclusiva a las mujeres que han tomado la decisión de practicarse una IVE, junto al hecho de estipular un periodo de reflexión obligatorio, supone un innecesario elemento de presión y un cuestionamiento intolerable de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propia vida.

5. Reconocimiento de la autonomía de las mujeres de 16 años para decidir sobre su maternidad sin autorización de terceros. Para ello instamos a que se proceda a la modificación de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente suprimiendo la IVE del apartado 4 del artículo 9, eliminando la excepción que limita la capacidad de decisión de las mayores de 16 años sobre IVE.

6. Una adecuada estrategia de prevención de embarazos no deseados y de educación e información en salud sexual y reproductiva: Dirigida a toda la población, pero especialmente para la población más joven. Consideramos necesario un mejor acceso a los métodos anticonceptivos que incluya la financiación de estos métodos, igual que otros productos farmacéuticos incluidos dentro del sistema sanitario público. También exigimos el desarrollo de una estrategia de educación e información en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente a través de medidas que impulsen la educación afectiva sexual dentro de la educación primaria y secundaria.

7. Finalmente exigimos una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas a la hora de debatir el anteproyecto de Ley y los posteriores desarrollos reglamentarios, con el fin de que se tengan en cuenta nuestras aportaciones de la misma manera que se hace con el resto de interlocutores.

En resumen, queremos una ley más precisa y más segura, que incorpore los avances de los últimos años en relación con los derechos sexuales y reproductivos, comparable con las regulaciones más progresistas de los países europeos de nuestro entorno.

Por una maternidad libre y responsable, por un aborto seguro, estamos a favor de una nueva Ley que materialice el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.

¡Firma!. ¡Da tu apoyo a la reforma de la Ley del Aborto!

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