España: Retiren la reforma de la Ley del aborto

Exigir que las mujeres jóvenes y las mujeres con discapacidad cuenten con permisos para acceder al aborto puede poner en riesgo la vida de las mujeres.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición de Ley para exigir el consentimiento parental para las jóvenes de entre 16 y 18 años y mujeres con discapacidad que deseen acceder a un aborto legal y seguro. El gobierno y el Grupo Parlamentario justifican esta medida en la protección de estos dos grupos de mujeres.

Sin embargo, Naciones Unidas recomienda que para mejorar la protección de las mujeres, los Estados deben eliminar los obstáculos en el acceso a un aborto legal y seguro.

Exigir este consentimiento, implicaría muy probablemente, un aumento del número de adolescentes  que recurren aprocedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar, y hasta su vida. Asimismo, sitúa a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad, en una situación de especial indefensión.

La mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años. A partir de esa edad, puedes decidir sobre una operación a vida o muerte. Sin embargo, si se aprueba la reforma, las adolescentes no podrán acceder por si mismas a un aborto legal y seguro. Esta diferencia, que no está basada en criterios médicos, constituye un elemento de discriminación, con posibles consecuencias para su salud.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas instó a España a asegurar una atención especial a la situación de las adolescentes en el acceso al aborto legal y seguro.

La Organización Mundial de la Salud ha destacado que para proteger a las menores, las políticas y las prácticas deben alentar, pero no exigir, el consentimiento de los padres. También ha destacado que el requisito de autorización de los padres viola el derecho a la privacidad y el acceso de las mujeres a la atención médica sobre la base de la igualdad de hombres y mujeres.

Con respecto a las mujeres con discapacidad, los Estados tienen la obligación de velar porque se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad y no permitir que el consentimiento sea otorgado por terceras personas que actúen en su nombre.

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular deben proteger a las mujeres. Para ello, deben respetar y cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas. 

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