El Parlamento Europeo respalda la protección de las víctimas en toda la UE

Los eurodiputados han apoyado hoy la orden europea de protección, que garantiza a las víctimas de delitos como la violencia, el acoso, la homofobia o la trata el mismo nivel de protección frente a sus agresores en toda la UE. Los diputados proponen incluir en la normativa a todas las víctimas, no sólo a las de violencia machista. Las dos responsables de este tema son las eurodiputadas españolas Carmen Romero López (S&D) y Teresa Jiménez-Becerril (PPE).
La Orden Europea de Protección, que ha recibido el respaldo de 610 diputados, frente a 13 en contra y 56 abstenciones, tiene por objetivo asegurar que la protección que recibe una víctima en un Estado miembro se aplica en cualquier otro país de la UE al que la persona se traslade o se haya trasladado. Esta directiva cubrirá a cualquier víctima beneficiaria de una medida de protección en su país de origen, por ejemplo, una orden de alejamiento, cuyo agresor haya sido identificado.
Las dos ponentes han logrado un acuerdo con la Presidencia belga, pero este texto aún debe ser confirmado por mayoría cualificada en el Consejo.
Durante el debate celebrado esta mañana, Carmen Romero señaló que «no podemos permanecer inermes ante los crímenes que se cometen todos los días en la UE», y añadió que «ahora es el Consejo el que va a decidir si Europa se implica de verdad en la lucha contra la violencia y la defensa de los derechos fundamentales». Por su parte, Teresa Jiménez-Becerril recalcó que «hay que enviar un mensaje claro al Consejo: los ciudadanos europeos quieren vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia y sentirse protegidos donde quiera que estén en Europa».
Todas las víctimas incluidas
Aunque la mayoría de las medidas de protección afectan a las víctimas de violencia machista, el ámbito de aplicación de la ‘euroorden’ de protección se ampliaría a todas las víctimas, incluidos los niños y los adultos de ambos sexos, que hayan sufrido violencia y cuyo agresor haya sido identificado. El texto acordado señala que la directiva «se aplica a las medidas de protección destinadas a defender a todas las víctimas y no sólo a las víctimas de la violencia de género, teniendo en cuenta las características propias de cada tipo de delito de que se trate».
La directiva busca proteger a las víctimas, o posibles víctimas, «contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual —por ejemplo impidiendo cualquier forma de acoso— así como su dignidad o libertad personal, por ejemplo impidiendo el secuestro, el acecho y cualquier otra forma de coerción indirecta, así como a evitar nuevos actos delictivos o reducir las consecuencias de los cometidos anteriormente».
Mantener alejados a los agresores
Sólo se podría dictar una orden europea de protección cuando previamente se haya adoptado en un Estado miembro una medida de protección, como una orden de alejamiento, la prohibición de entrar en determinados lugares o zonas en las que el protegido reside o frecuenta o la prohibición de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal.
Protección a través de las fronteras
Las medidas de protección existen en todos los Estados miembros, pero dejan de tener efecto cuando se cruza una frontera. Según la legislación propuesta, la persona protegida en un Estado miembro podría solicitar una orden europea de protección cuando resida o decida residir en otro país de la UE. El Estado en el que la víctima esté protegida sería el encargado de emitir la orden y transmitirla al país en el que viva o al que vaya a trasladarse.
Debido a que en los Estados miembros hay distintos tipos de autoridades -penal, civil o administrativa – con potestad para dictar y aplicar medidas de protección, las autoridades del país al que se traslada la víctima no estarían obligadas a aplicar en todos los casos la misma medida de protección aprobada en el Estado que emite la orden, sino que tendrían «un margen discrecional para adoptar cualquier medida que estime oportuna y adecuada con arreglo a su Derecho nacional en un asunto similar para mantener la protección» de la víctima.
Protección de los familiares de las víctimas
A iniciativa de los eurodiputados, el beneficiario de una orden europea de protección también podría solicitar protección para sus familiares.
Una vez aprobada la directiva, los Estados miembros tendrían tres años para transponer las nuevas normas a la legislación nacional.

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