El papel de la igualdad de género en un nuevo New Deal global, por María Pazos Morán

1.- La Situación:

En los últimos años, la precariedad laboral y económica de las mujeres se iba haciendo más visible; se empezaban a desagregar por sexos las estadísticas de empleo e ingresos; y en todos los ámbitos estaban saliendo a la luz las desigualdades de género. Pero con la recesión, peligrosos vientos han empezado a soplar. Los periódicos ya no subrayan las desigualdades; es más, el frecuente titular ‘El paro se ceba con los hombres’ podría hacer suponer, a cualquiera que no conozca la realidad, que la tasa de paro masculina es mayor que la femenina y que los hombres están peor situados en el mercado de trabajo que las mujeres. Específicamente, lo que aparece en primer plano es el drama de los 827.200 hogares en los que todas las personas activas están en paro, y lo que muchas personas ven detrás de esta cifra son ‘cabezas de familia’ de los que ‘dependen’ esposas e hijos (“¿qué les van a decir a sus mujeres y a sus niños?” decía un locutor de radio comentando esta cifra). Pero la realidad es muy diferente: las mujeres ya estaban en crisis antes de esta crisis, y además la crisis les golpea especialmente.

En primer lugar, la tasa de paro femenina es, a final de 2008, del 15,1%, frente al 13% de los hombres. Además, las mujeres registran mayores tasas de temporalidad (30,4%, frente al 25,9% de los hombres), de contratos a tiempo parcial (23,3% de las asalariadas, frente al 4,4% de los hombres) y subempleo (11% de las ocupadas, frente al 8,3% de los hombres). Las mujeres son mayoría entre todas las categorías más desprotegidas de personas desempleadas: el 60% entre las que buscan el primer empleo; el 64% entre las que han trabajado anteriormente y llevan más de 1 año sin trabajo). En resumen, la situación de los hombres en el mercado de trabajo es dramática, pero la de las mujeres lo es mucho más, tanto actual como potencialmente, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores son las personas peor situadas las que más la sufren.

Detrás de la desoladora cifra de los 820.200 hogares en los que todas las personas activas están en paro, hay hombres en situación difícil, pero también mujeres. Muchos de estos hogares (174.057) están compuestos por dos adultos con niños, y en general una de esas personas adultas es una mujer: una mujer en paro, o una mujer ‘inactiva’ que no solamente no tiene ingresos sino que tampoco tiene prestaciones de desempleo. Mujeres que, paradas o ‘inactivas’, siguen realizando la casi totalidad de las tareas domésticas, pero con mayor angustia por ellas y por sus familias. Muchas sufren violencia de género, que sabemos se acrecienta en caso de drama familiar. También, en esa cifra, hay 40.927 mujeres solas con niños (5.505 hombres). Por último, hay 48.433 mujeres solas sin niños (107.219 hombres). Y para completar el panorama de hogares sin ingresos del trabajo, hay que contar los 4.105.375 con todos sus miembros inactivos, en 1.308.025 de los cuales el único adulto es mujer (en 478.673 es hombre). Así pues, la realidad de las personas sin ingresos no es, como muchas personas imaginan, la de un hombre con mujeres y niños ‘dependientes’.

Es grave el problema de los hogares sin ingresos, pero no es nuevo. Las familias nonoparentales han estado abandonadas por parte de las políticas públicas incluso en tiempos de auge económico. A pesar de sus escandalosas cifras de pobreza (36% según el Informe FOESA 2008); a pesar del desastre para el bienestar y a pesar del despilfarro de capital humano presente y futuro que tal pobreza supone, no se han ofrecido a estas familias ni prestaciones ni ayudas específicas a la educación infantil, a la vivienda y al empleo. En 2004, por fin, la Ley orgánica 1/2004 (contra la violencia de género) estableció un fondo estatal para el anticipo de pensiones de alimentos reconocidas e impagadas, pero el decreto de desarrollo no se emitió hasta diciembre de 2007, y las condiciones que por fin se establecieron fueron irrisorias (el límite máximo del anticipo se estableció en 100 euros al mes durante un máximo de 18 meses, siendo el límite de rentas de la unidad familiar el IPREM multiplicado por 1,25 más 0,25 por cada hijo/a). Las personas perceptoras de Pensiones No Contributivas reciben 336,33 euros al mes en 2009 (incompatibles con todo tipo de rentas), y durante todo el periodo de auge económico su revalorización ha sido mucho menor que la del resto de las pensiones. No es de extrañar que la tasa de pobreza de los hogares unipersonales compuestos por una mujer mayor de 65 años sea del 60% (la correspondiente a hombres es del 33%). Estos son ejemplos de situaciones que han sido ignoradas incluso cuando la economía iba bien y había recursos para atenderlas. Son hogares sin ingresos, pero encabezados por mujeres. Lo nuevo ahora es el problema de los hogares sin ingresos encabezados por hombres.

En resumen, con la crisis, las posibilidades de empleo y protección social se reducen para todos y todas. La diferencia radica en que las mujeres ya estaban en posición más vulnerable y desprotegida, aunque estas situaciones pasaban más desapercibidas. Hombres y mujeres van al paro pero, típicamente, cuando un hombre está afectado por un ERE se habilitan medidas especiales; cuando una empleada de hogar es despedida no tiene ningún derecho y nadie se escandaliza de su situación.

Entre las medidas tomadas ante la crisis, no se encuentra mención alguna al impulso del empleo femenino ni a la protección de los colectivos de desempleados más vulnerables y compuestos mayoritariamente por mujeres. Las medidas de apoyo al empleo se concentran en los sectores de la construcción y del automóvil; así como en asegurar las prestaciones a personas afectadas por expedientes de regulación. En resumen, los recursos disponibles para las situaciones que afectan a las mujeres disminuyen, y si se habilitan mecanismos extraordinarios es sobre todo para paliar situaciones que afectan más a los hombres.

En los planes aprobados ha desaparecido el (preceptivo) informe de impacto de género. Por otro lado, ante la falta general de recursos en todas las AAPP, los programas para el fomento de la igualdad de género se recortan. Aunque no aún por escrito, se multiplican las declaraciones del tipo ‘las políticas de igualdad son una frivolidad en este momento en el que se trata de que la gente recupere sus empleos’. Parece hasta de mal gusto señalar problemas de colectivos femeninos o desagregar y comparar datos; hablar de individualización de derechos sociales parece atacar a la familia; hablar de la incorporación plena de las mujeres al mercado de trabajo parece quitarle el pan a las familias dependientes de los desempleados; y medidas para la corresponsabilidad (como ampliar el permiso de paternidad) aparecen como exoterismos fuera de contexto. Aún persiste el discurso de lucha contra la violencia de género, pero los recursos para los servicios de atención se limitan. Y cuando estábamos llegando a acometer la prevención del delito, existe el riesgo de que todo se paralice.

El desarrollo de los servicios públicos no está presente explícitamente en ningún paquete de medidas anti-crisis, a pesar de las partidas de gasto que se han dedicado a inversiones locales. Hubiera sido una gran oportunidad para extender los servicios de educación infantil y atención a la dependencia, pero no se está haciendo. Al contrario, en los PGE de 2009 solamente se prevén 100 millones de euros para educación infantil, un 8% menos que en 2008. A la atención a la dependencia se prevé dedicar 1.500 millones de euros en 2009, pero no se especifica cuánto irá a prestaciones en el entorno familiar y cuanto a creación de servicios públicos.

2.- La igualdad de género es clave para el cambio a un modelo de desarrollo sostenible

Las alternativas a la crisis deben considerar la sociedad actual en su conjunto, teniendo en cuenta las complejas relaciones entre la educación, el empleo y el ámbito familiar. Sin embargo, se siguen analizando estos ámbitos por separado y con una visión distorsionada. Aunque la realidad ha cambiado, a la hora de la verdad los diseñadores de políticas públicas siguen teniendo en la cabeza el viejo modelo de sociedad basado en la familia ‘sustentador masculino/ esposa dependiente’. Según esta imagen mental simplificadora, la producción se organiza a partir del ‘trabajador industrial de toda la vida’, que obtiene un salario para su manutención y la de toda la familia. La variedad de trabajadores, sus problemas de conciliación y, en general, el ámbito doméstico, está fuera de toda consideración salvo como ‘familia del trabajador’. Estas ideas obsoletas impiden ver la sociedad tal y como es hoy en día, y sobre todo impiden poner los medios para aprovechar el gran potencial que ofrecen las mujeres y los hombres.

El cambio hacia un desarrollo sostenible exige transformaciones importantes. La crisis actual proporciona una oportunidad única de poner los medios para evitar los errores que nos han conducido hasta esta situación y organizar la economía global conforme a un modelo productivo, solidario, ecológico y demográficamente viable. Para estas transformaciones la igualdad de género es crucial

Para aprovechar todo el capital humano disponible:
A nivel mundial, las mujeres tienen mayor nivel de formación que los hombres, pero no encuentran su lugar en el empleo. Si se trata de aprovechar al máximo los recursos existentes, ¿no es grave despilfarrar todo este capital humano?

Para el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de las AAPP:

No solamente hay que garantizar el acceso al empleo de las personas más cualificadas, sino también procurar que estas se sitúen en el puesto que les corresponde según su capacidad y experiencia. Actualmente, las diferencias de roles y de disponibilidad, junto con los prejuicios, producen segmentación sectorial y ocupacional por sexos, lo que impide un funcionamiento eficiente de los mercados de trabajo.

Para el aprovechamiento del capital cuidador de los hombres

Para la reactivación de la economía se necesitan todos los recursos, y uno muy importante, desaprovechado hasta ahora, es todo el potencial cuidador de los hombres. Aún con servicios públicos adecuados, si los hombres no asumen su parte del cuidado, las mujeres no podrán insertarse en el empleo de calidad, y mucho menos compatibilizarlo con la maternidad. Hoy en día ya está demostrado que los hombres son igualmente aptos para cuidar. La mentalidad ha cambiado y la sociedad apuesta por la corresponsabilidad. Sabemos que las medidas que les permiten hacerlo, como la igualdad entre los permisos de maternidad y paternidad, son de bajo coste y altamente rentables en términos de impacto. ¿Cómo es posible que estas medidas no se implementen?

Para una mejor organización de la producción:

La especialización de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados carece, hoy más que nunca, del más mínimo sentido económico, debido a la pérdida de centralidad de la familia como unidad de producción de bienes y servicios, a la disminución del tamaño familiar, al aumento de la esperanza de vida de las mujeres y, por último, a su alto nivel de educación. Baste considerar que una mujer puede desaprovechar la posibilidad de toda una vida profesional por cuidar a uno, dos o a lo sumo tres hijos, durante un periodo de ‘utilidad’ que puede ser de diez o quince años como máximo.

El trabajo precario de las mujeres de los países pobres sirve de colchón para que algunas mujeres de clase media se mantengan en el trabajo asalariado, pero no es la solución. No es la solución para las mujeres empleadoras, pues esa ayuda no es suficiente y no les pone en situación de igualdad con sus compañeros hombres. No es la solución para las empleadas, que se ven obligadas a cuidar a las personas de otras familias en situación precaria. Por último, este recurso no está al alcance de la mayoría de las mujeres: ¿quién cuida a los hijos de las cuidadoras? En definitiva, no permite el acceso al empleo de calidad de la mayoría de las mujeres. Por otro lado, hay que recordar que el uso extensivo de este recurso está asociado a su carácter precario; su paso al Régimen General de la Seguridad Social supondría, como ha supuesto en otros países, una drástica reducción del fenómeno, a menos que estuviera fuertemente subvencionado; pero es mucho más rentable social y económicamente el desarrollo de los servicios públicos.

Con servicios públicos adecuados, y la asunción del 50% por parte de los hombres, las mujeres no tendrían que apartarse de su profesión; su capital humano se aprovecharía y se eliminarían las disfunciones que provoca en el mercado de trabajo la segregación por sexos; personas en puestos de trabajo de calidad educarían a sus niños/as y a muchos más a lo largo de sus vidas profesionales; y así sus antiguos puestos como amas de casa se reconvertirían en fuente de puestos de trabajo, no solamente en educación infantil sino en la producción de otros bienes y servicios para el hogar, con sus correspondientes impuestos y cotizaciones, sacando en definitiva a flote todo ese trabajo sumergido que es el de las amas de casa.

Para combatir la superpoblación, el envejecimiento poblacional y la pobreza infantil:

El problema demográfico es un problema a nivel mundial que compromete el desarrollo económico y social sostenible. La superpoblación en los países pobres y la crisis de fecundidad en los países desarrollados son dos caras de la misma moneda. Para ambos fenómenos, la solución está en proporcionar a las mujeres la libertad y el entorno adecuado para que en todos los países, en todos los niveles educativos y en todos los niveles de renta, puedan tener los hijos que deseen. Esto supone concederles, en todo el mundo, los derechos civiles, el derecho a la propiedad, la igualdad ante el código civil, el acceso a la educación y al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. De esta forma se combatirá eficazmente la superpoblación y la pobreza infantil en los países en vías de desarrollo. Por otro lado, para que las tasas de fecundidad aumenten en los países industrializados, es necesario ofrecer a las mujeres las condiciones que les permitan optar por la maternidad sin tener que renunciar a su profesión. En definitiva, se trata de eliminar la maternidad impuesta y apoyar la maternidad deseada compatible con la autonomía y el empleo de calidad de las mujeres.

Para combatir la pobreza a nivel mundial:

En todos los países, la pobreza tiene raíces profundas en la desigualdad de género. Para combatirla, hay que proporcionar una buena atención a la infancia, con especial énfasis en los servicios públicos de educación infantil, y dar prioridad a las políticas de integración social; hay que apoyar especialmente a las madres solas, pues es en esas familias donde el nivel de pobreza (y por tanto de pobreza infantil) es más alto. Hay que dar pensiones adecuadas a las mujeres mayores que no han acumulado cotizaciones suficientes por haberse dedicado a las tareas domésticas. Hay que atender a las ex–amas de casa, sean o no víctimas de violencia acreditadas, pues se quedan sin recursos y sin prestaciones de desempleo. Y sobre todo hay que prevenir estas situaciones, eliminando de los sistemas de impuestos y prestaciones todos los desincentivos al trabajo asalariado de las mujeres casadas, con una educación igualitaria y con todas las demás medidas que promueven una sociedad basada en la independencia económica de todas las personas.

Para una sociedad libre de violencia:

La violencia machista tiene sus raíces en un sistema patriarcal que educa a los hombres en la dominación y a las mujeres en la sumisión. Es necesario un cambio de valores, no solamente para prevenir y combatir la violencia de género, sino también todos los comportamientos violentos asociados al mantenimiento del rol masculino, fomentando la cooperación (que no la sumisión) en lugar de la dominación.

Para un desarrollo mundial equilibrado y sostenible:

En muchos países, la falta de derechos civiles, de acceso a la propiedad y de libertades de las mujeres, junto con el comportamiento de la mayoría de los hombres, impide el desarrollo económico. Se ha constatado que las mujeres son un factor clave en el desarrollo, pues utilizan los recursos de forma más productiva y más provechosa para sus familias. Pero los organismos internacionales y los países ricos pueden ir más allá de los actuales programas marginales de empoderamiento de las mujeres y de concesión de microcréditos. Introducir la perspectiva de la igualdad de género en las relaciones internacionales, en la actividad de los organismos financieros y en la cooperación al desarrollo, imponiendo a los países condiciones para el acceso a las ayudas (en lugar de las condiciones que se han exigido hasta ahora), permitiría avanzar en la liberación de las mujeres y en el cambio de comportamiento masculino. Así, aumentaría la cohesión social tan necesaria para el avance de los países.

El modelo actual de crecimiento económico provoca una creciente desigualdad entre países y una sobreexplotación de los recursos naturales. Las personas de los países pobres, con una naturaleza cada vez más esquilmada, sin acceso a la formación, sin otros medios de vida y frecuentemente víctimas de guerras y dictaduras (muchas veces apoyadas desde el exterior), no tienen otro recurso que lanzarse a una inmigración cada vez más precaria. Los programas de ajuste estructural han acentuado ese modelo. Para revertirlo, una pieza clave es el acceso de las mujeres a la educación, al empleo de calidad, a la propiedad y a todos los ámbitos de la vida pública en todos los países. Así se fomentará un modelo de desarrollo equitativo y sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y demográfico.

Fuente: Singenerodedudas

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