El pasado 14 de mayo el Consejo de Ministros aprobó un controvertido Plan de Apoyo a la Familia, anunciando como una de sus medidas estrellas la aprobación de un complemento en las pensiones de las mujeres madres de más de dos hijos e hijas que se aplicaría a partir del 2016. Fundación Mujeres ha emitido un comunicado en el que analiza el Plan y advierte: “Que no te engañen. Esto no es igualdad”.

En relación con la “medida estrella”, que aparentemente puede venir a mejorar la brecha salarial que sufren las mujeres en las pensiones, desde Fundación Mujeres expresan “dudas sobre su eficacia y su contribución a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres por las siguientes razones”:

 Solo es aplicable a las pensiones contributivas, por lo que deja fuera de la medida a las pensiones más bajas que son las pensiones no contributivas.

 No aborda por tanto, el problema de acceso al sistema de pensiones que tienen muchas mujeres en España, que no han conseguido tener itinerarios laborales lo suficientemente largos y estables para acceder al sistema contributivo de pensiones, en muchas ocasiones debido a su dedicación al cuidado de la familia y el trabajo doméstico.

 Deposita toda la presión de la baja natalidad en las mujeres, apartándose del principio de corresponsabilidad que debe aplicarse en cualquier política referida al cuidado de las personas y a la conciliación de la vida familiar y laboral.

 No puede calificarse por lo tanto como una medida para la igualdad sino como una política netamente natalista. Pero incluso desde este punto de vista creemos que su eficacia es dudosa, ya que de forma inmediata se dirige a un grupo de mujeres, las que se van a jubilar en los próximos años, que por razones evidentes ya no pueden modificar su decisión sobre la maternidad y no resuelve las dificultades de acceso en el futuro a las pensiones de las mujeres que hoy se están enfrentando con los problemas de conciliación.

El resto de las medidas que propone el Plan de Apoyo a la Familia para la conciliación de la vida familiar y laboral y la promoción de la corresponsabilidad son medidas que ya sabemos que no funcionan o que son claramente insuficientes.

Es evidente que el sistema de pensiones en España necesita una reforma para eliminar las discriminaciones que las mujeres sufren respecto del acceso y la cuantía de las pensiones, asegura Fundación Mujeres en un comunicado. Pero esta reforma no puede ser abordada con medidas puntuales que, además, se toman de forma unilateral por parte del Gobierno, fuera del pacto político y social sobre pensiones, el Pacto de Toledo.

La legislación reciente en materia laboral y de pensiones ha incrementado las dificultades que tienen las mujeres tanto de permanencia en el mercado laboral como de acceso al sistema contributivo de pensiones. Cada vez es más difícil también que las empresas pongan en marcha medidas de conciliación que faciliten la permanencia y promoción en el empleo de las mujeres que son madres. Los recortes sociales han disminuido la oferta de servicios públicos en relación con la atención y cuidado a las personas, menores y personas dependientes, depositando mucha más responsabilidad en las familias y ya sabemos que, dentro de estas, son mayoritariamente las mujeres las que asumen las tareas y responsabilidad que esto significa. “Una medida puntual como esta no va a venir a reparar esta situación que se traduce en menos oportunidades y dificultades de acceso a los derechos básicos sociales para las mujeres”, concluye la organización.

Por esta razón, “queremos recordarle al Gobierno de España, que la mejor forma de apoyar a las madres es garantizando las mismas oportunidades de mujeres y hombres frente al empleo, apoyando los derechos sociales de las trabajadoras para la conciliación, promoviendo la corresponsabilidad con la participación de los hombres en las responsabilidad familiares y domésticas y desarrollando servicios públicos de apoyo a las familias”.

Por último y en relación con el resto de las medidas de este nuevo Plan y “a falta de conocer con mayor profundidad el contenido del mismo, que no ha sido informado por las organizaciones de mujeres ni el Consejo de participación en el que estamos representadas, manifestar nuestro desacuerdo con que las familias de parejas del mismo sexo hayan sido incluidas entre las familias con especiales problemas y nuestra sorpresa sobre el hecho de que la educación afectivo sexual se incorpore en un eje con el objetivo exclusivo de protección a la maternidad”.

Un plan controvertido

El plan avalado por el Consejo de Ministros recoge 225 medidas y cuenta con un presupuesto de 5.526 millones de euros. El último borrador que se conoce es de noviembre de 2014. Estas medidas «pro-familia», todo un guiño del gobierno de Mariano Rajoy a su electorado más conservador, buscan definir una “política familiar específica y explícita” a través de un conjunto de acciones “homogéneas de apoyo a las familias” que tienen en cuenta los cambios que se producen en su composición, estructura y funcionamiento.

Los principales puntos son:

–Estrategia para la prevención de embarazos no deseados. El pasado mes de marzo, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aseguró en el Congreso que este plan tendrá en cuenta esta cuestión. El PIAF finalmente no contemplará la reforma de la Ley del Aborto, tal y como manifestó el Gobierno al inicio de la legislatura.

 Orientación y acompañamiento social y sanitario, atención residencial materno infantil, educación y cuidado de los hijos y formación para la integración laboral a las menores embarazadas, madres en situación de postparto y lactancia que presenten situaciones de vulnerabilidad o riesgo social.

 Confección de un mapa de recursos para mujeres embarazadas. -Impulso de programas de promoción y educación para la salud afectivo sexual.

– Becas para que las menores embarazadas con problemas socioeconómicos continúen sus estudios.

–Deducciones fiscales de 1.200 euros a familias numerosas y monoparentales, o con hijos con discapacidad. -Medidas de acogimiento y protección de menores.

 Medidas a favor de la conciliación, la corresponsabilidad y la parentalidad positiva, mediante el fomento de la implicación de los padres en el seguimiento del embarazo y la crianza de los hijos. El Gobierno también propone más flexibilidad en la ordenación de la jornada laboral para atender necesidades familiares puntuales, a través de una “bolsa de horas recuperables” en el ámbito de la negociación colectiva.

 Promoción de la lactancia materna.

 El plan también prevé la introducción de la perspectiva familiar en todas las políticas públicas, de manera que las familias sean tenidas en cuenta de forma transversal en todos los ámbitos y se incorpore un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos legislativos que impulse el Gobierno.