COMUNICADO DE LA COORDINADORA ESTATAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS
La Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que agrupa asociaciones de 10 Comunidades Autónomas, reunidas el sábado 26 de Mayo de 2012, queremos expresar públicamente nuestra alarma e indignación por el retroceso brutal que para la ciudadanía y en especial para las mujeres, están teniendo las políticas de recortes aplicadas por el gobierno del partido popular con el pretexto de la crisis.
La reforma laboral aprobada, así como los recortes en educación, en sanidad o en ley de dependencia, lo que persiguen es una pérdida de derechos que afectara especialmente a las mujeres tanto como trabajadoras, como usuarias y como responsables principales en los trabajos de cuidados. Obligándolas a una vuelta al ámbito familiar para seguir realizando estas tareas que, aunque de una forma muy precaria, venían siendo parcialmente asumidas por los servicios públicos.
Todas estas medidas en contra del bienestar de la ciudadanía, responden a ideologías neoliberales que hunden sus raíces en el catolicismo más rancio, conservador y fundamentalista. Ideologías asentadas en el gobierno del partido popular y alentadas por la jerarquía católica.
Ejemplos claros del impulso que se está dando a estas posturas antielección que niegan y estigmatizan cualquier opción de vida y/o práctica sexual que se aleje de sus postulados morales y religiosos, es el congreso mundial de la familia celebrado en Madrid este fin de semana o el anuncio del Ministro de Justicia de reformar la actual ley de derechos sexuales y reproductivos y de interrupción voluntaria de embarazo, que bajo un discurso aparentemente humanista, “defensa de la mujer, la vida y la maternidad” lo que se pretende es restringir aún más el derecho de las mujeres a un sexualidad libre, independiente de la reproducción y su derecho a decidir sobre el ejercicio de su maternidad.
Por este motivo, queremos aprovechar la fecha del 28 de mayo de 2012, día internacional de acción para la salud de las mujeres PARA EXIGIR, la no modificación de la Ley de Salud Sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo, tal y como pretende el Partido Popular, sino que se modifique para mejorarla en aquellos aspectos que actualmente siguen restringiendo el derecho a decidir de la mujer. Dichas mejoras deber ser:
Que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) deje de estar tipificada como delito dentro del Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo y a decidir sobre su maternidad.
Que se reconozca el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. Esta decisión puede venir motivada por distintas circunstancias: riesgo para su salud, malformación fetal, o muchas otras cuestiones que afectan a su bienestar físico y emocional y a su proyecto de vida. Cuestiones sobre las que sólo la mujer puede determinar su valor e importancia para su vida. Debiendo respetar el carácter soberano de su decisión que no puede ser impuesta externamente por nadie. Para ello deben derogarse el artículo que establece plazos en el derecho a decidir de la mujer, así como el artículo que establece la tutela sobre el consentimiento de la menor para el caso de interrumpir un embarazo no deseado.
Que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo sea garantizada a través de la red sanitaria pública (actualmente el 97% de los abortos se realizan en clínicas privadas), de forma accesible, gratuita y con todas las garantías de seguridad, calidad y confidencialidad.
Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites y garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, de forma que la objeción de conciencia de los profesionales no sea un impedimento para el acceso de la mujer a una IVE.
La puesta en marcha de planes formativos a profesionales para su capacitación en la práctica de interrupción voluntaria de embarazo.
Por último, queremos manifestar nuestro rechazo a la medida anunciada por el ministro de educación de cambiar la asignatura de “educación para la ciudadanía” eliminando contenidos esenciales que deberían ser incluidos de manera obligatoria en el currículo educativo, como es la educación afectivo-sexual en las y los jóvenes o el rechazo a prejuicios sociales racistas, sexistas y homófobos. Desde las organizaciones que formamos la Coordinadora Estatal continuaremos luchando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y anunciamos próximas movilizaciones para el 28 de septiembre, día mundial de la lucha por el derecho al aborto.
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